Inicia proceso contra acusados por tiendas penitenciarias

El Juzgado Sexto de Paz instaló la audiencia inicial contra el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde y 20 exfuncionarios del expresidente Salvador Sánchez Cerén; 17 de ellos presentes y cuatro ausentes, a quienes Fiscalía acusa de peculado, actos arbitrarios, falsedad material y cohecho impropio.Además del exministro Ramírez Landaverde, Fiscalía procesa al exdirector de Centros Penales Marco Tulio Lima, el ex viceministro de Justicia y Seguridad, Raúl Antonio López; el exdirector jurídico, José Roberto Nóchez Melara; y el exsubdirector jurídico del ministerio, Sergio Ernesto Chicas Mejía.También son señalados los exfuncionarios Luis Alonso Barrera Peñate, Flor de María Hernández Alfaro, Orlando Elías Molina Ríos, y Ramón Fernando Roque Mártir.Una docena de acusados que se encontraban ausentes, se presentaron de forma voluntaria este martes a la audiencia inicial para responder por los hechos que les imputan.Algunos eran empleados de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), dado que esa autónoma tuvo injerencia en "Asocambio”, la organización creada para el manejo de los fondos, afirmó la fiscal del caso.Ayer durante sus alegatos, los fiscales del caso pidieron al juez que ordene que el proceso judicial siga a la fase de instrucción con la medida de detención provisional para todos los imputados, por tratarse de delitos graves. 

El caso.

Los hechos que se atribuye a los 21 acusados, dice Fiscalía, ocurrieron supuestamente entre 2018 y mediados de 2019, con la creación de Asocambio.De acuerdo con la Fiscalía, el dinero se sustraía utilizando la figura del "funcionario del particular” y a través de "muchos artificios.Sobre el monto del peculado, dijo la fiscal del caso, "no se puede dar una cantidad de dinero exacta porque se tendrá que hacer una pericia financiera contable en la etapa de instrucción para establecerla”.Sin embargo, el fiscal Rodolfo Delgado en la presentación de los detenidos en la sede policial afirmó que los exfuncionarios se habrían apropiado de $14 millones.En cuanto a los exfuncionarios de ANDA, el abogado Miguel Ángel Anaya, afirmó que sus clientes son cuadrilleros y motoristas quienes solo cumplieron órdenes de las jefaturas inmediatas superiores para realizar un proyecto de agua en el penal de Izalco.El abogado afirmó que hay un memorándum en que Benítez ordena a los empleados Carlos Hernández y Neftalí Batres; a realizar las obras en el penal de Izalco.