Interpol El Salvador inició proceso para difusión roja contra Sigfrido Reyes

La Oficina Central Nacional (OCN) de la Policía Internacional (Interpol), con sede en San Salvador, comenzó ayer las gestiones para emitir una difusión roja en contra del expresidente de la Asamblea Legislativa, Othon Sigfrido Reyes Morales, acusado de lavado de dinero, peculado y estafa agravada.La OCN envió al Juzgado Décimo Primero de Paz de San Salvador un oficio en el cual confirmó que desde ayer quedaba oficialmente notificada de las órdenes de captura judicial internacional, no solo del exlegislador, sino también contra Byron Enrique Larrazábal Arévalo, Earle René Reyes Morales y Karla Beatriz Recinos Ramírez.Teniendo por escrito la orden de captura, que es el primer requisito para tramitar una alerta roja para buscarlos en los 194 países miembros, la Oficina Central Nacional enviará a la sede central de ese organismo, en Lyon, Francia, la petición que la Fiscalía y la PNC hicieron y que cobra fuerza con la documentación enviada por el juez de la causa.En la resolución de la audiencia inicial, emitida la noche del pasado martes, el juez ordenó detención para el expresidente de la Asamblea Legislativa y su asistente Karla Beatriz Recinos Ramírez.Mientras que para Byron Enrique Larrazábal Arévalo y Earle René Reyes Morales, socio y hermano del exlegislador se resolvió con vista del requerimiento (revisando el expediente) y remitió a la Interpol las órdenes de captura.Larrazábal Arévalo enfrenta los mismos delitos atribuidos a Sigfrido Reyes, mientras que Earle René Reyes Morales, solo es acusado de lavado de dinero. En este caso son procesadas 14 personas y la Fiscalía General de la República dice que entre los cuatro prófugos, la esposa e hijo de Larrazábal Arévalo habrían blanqueado más de $6.5 millones, con la participación de otros ocho imputados, quienes con su accionar delictivo supuestamente contribuyeron para que se lavara dinero.Los parientes de Larrazábal Arévalo y los otros ocho procesados entre los que figuran auditores de la Corte de Cuentas y empleados del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), son procesados en libertad, algunos deben cumplir medidas alternas a la detención. Son señalados de falsedad documental, incumplimiento de deberes y estafa agravada.Ayer, el Juzgado Décimo Primero de Paz también fue notificado que los cuatro acusados a quienes se les puso fianza de $20 mil y $30 mil ya las cancelaron en Fondos Ajenos en Custodia, del Ministerio de Hacienda.