Desde el siglo pasado y el presente he podido observar como especialista en seguridad nacional y criminología, y es mi deber leer entre líneas los discursos políticos y las dinámicas sociales de nuestra región. Las recientes y desafortunadas declaraciones del presidente hondureño Asfura sobre la Isla Conejo no son un exabrupto aislado, ni el único presidente hondureño que lo ha hecho; responden a un manual político y a un guion de cajón tan antiguo como predecible. A seis meses de haber asumido el poder, la incapacidad para dar respuestas tangibles a las crisis estructurales lo ha empujado a desempolvar el desgastado discurso del nacionalismo y la soberanía nacional. Es una evidente cortina de humo, un distractor de manual diseñado para desviar la mirada de un país que exige soluciones reales, no conflictos artificiales y únicamente en la mente de dicho presidente con El Salvador.

Sin embargo, la retórica territorial en el Golfo de Fonseca, hay un elemento en el discurso oficial que resulta infinitamente más revelador y trágico. Según relató el propio mandatario, cuando recorre sus comunidades, la gente le suplica, le implora, primero por calles transitables, carreteras y oportunidades de trabajo; después, piden educación y salud. La seguridad ni siquiera figura entre las principales exigencias de la población, según sus mismas palabras no las de la prensa o del que escribe.

Cualquier político inexperto podría intentar vender esto como un triunfo, sugiriendo que el crimen ha dejado de ser una preocupación. Como criminólogo, afirmo categóricamente lo contrario: esto es una alerta máxima de colapso social. Nuestros hermanos hondureños se encuentran de rodillas ante las pandillas criminales y la delincuencia organizada, una sociedad en anomia.

Un pueblo que deja de pedir seguridad no lo hace porque haya alcanzado la paz o porque las estructuras criminales hayan sido desarticuladas. Lo hace porque está tan brutalmente golpeado por la pobreza, el abandono estatal y la falta de oportunidades, que sobrevivir al día a día se ha convertido en su única prioridad, estar con vida en aquel país es un verdadero milagro. La pirámide de necesidades básicas se ha invertido de la peor manera. Cuando una familia está aislada por caminos de tierra intransitables, sin trabajo para comer hoy y sin un hospital cercano para curar una infección básica, el miedo al delincuente pasa a un trágico segundo plano. La miseria asfixia antes que la violencia.

Por eso hemos observado como hermanos hondureños durante las últimas semanas han viajado tantas horas para llegar al Hospital Rosales de El Salvador y recibir atención médica especializada de última generación para enfermedades terminales sin costo alguno y los testimonios se encuentran en medios de comunicación y redes sociales. Encontraron vida, salud, restauración y esperanza en El Salvador, ya que en su país los desecho el gobierno de turno sin atención médica. Y otros miles nos visitan por turismo en sus días de vacación, asuetos y fines de semana porque aquí hay seguridad y tranquilidad.

Con un enfoque de seguridad nacional, este silencio ciudadano explica la peligrosa consolidación de poderes paralelos. Cuando la población ya no exige seguridad, es porque ha asimilado la presencia del crimen organizado, el narcotráfico o las pandillas criminales como una condición inamovible de su entorno, una especie de «desastre natural» inevitable. Han perdido por completo la fe en que su Gobierno pueda protegerlos, por lo que deciden concentrar sus pocas fuerzas en pedir, al menos, un camino para poder sobrevivir por su cuenta.

Agitar la bandera en la Isla Conejo buscando un falso patriotismo es una falta de respeto imperdonable hacia esa misma población vulnerable que exige los servicios básicos. La verdadera defensa de la soberanía no se ejerce llenado de personal militar un islote deshabitado, sino garantizando la presencia del Estado, el desarrollo y la dignidad en cada rincón del territorio que gobierna. Esa actitud de conquistador y de nacionalista la debería de utilizar para recuperar los territorios que controla los grupos de delincuencia organizada de narcotraficantes y de pandillas criminales.

Mientras el liderazgo político prefiera inventar enemigos externos en lugar de enfrentar a los monstruos internos de la miseria y el abandono, el silencio de su gente no será un síntoma de paz, sino el eco más doloroso de un Estado fallido. En El Salvador el gobierno del presidente Nayib Bukele ha declarado guerras abiertas y sin descanso contra: la criminalidad organizada, las pandillas criminales, la corrupción, contra la impunidad, contra la pobreza extrema, sistemas obsoletos de educación y salud, así como el abandono que se encontraba la primera infancia. Y esa voluntad y decisión alcanza para ayudar a hermanos de otras nacionalidades como Venezolanos, Costa Rica, Turquía, Jamaica, Guatemala y HONDURAS.

*Por Ricardo Sosa / Doctor en Criminología / Experto en Seguridad Nacional /  @jricardososa