Juez absuelve a viceministro de Educación por tener fuero

La Fiscalía General de la República acusó, ayer, al viceministro de Educación, Francisco Humberto Castaneda Monterrosa, y otros tres imputados de apropiación o retención de cuotas laborales por un monto de $398 mil, pero en la audiencia inicial el Juzgado de Paz de San Sebastián Salitrillo, Santa Ana, decretó nulidad absoluta solo para el caso del viceministro, los demás imputados seguirán el proceso en libertad.La decisión judicial para anular el proceso es porque Castaneda Monterrosa, por ser viceministro, tiene fuero constitucional y para ser procesado primero debe seguir un antejuicio en la Asamblea Legislativa, donde se determine si hay o no lugar a formación de causa.La decisión judicial a favor del viceministro surgió luego que la defensa planteó, vía incidental, un requisito de procesabilidad, es decir, que para ser enjuiciado debe ser desaforado.El artículo 236 de la Constitución de la República sostiene que los viceministros de la república poseen fuero constitucional y debe someterse a un proceso de antejuicio ante la Asamblea.Pero la fiscal del caso sostuvo que el delito, supuestamente, lo cometió antes de ser viceministro, por lo que su inconformidad por la resolución la llevará ante una Cámara de la zona occidental donde se interpondrá un recurso de apelación.Castaneda Monterrosa fungió como alcalde de San Sebastián Salitrillo entre los años 2003 al 2014, según lo hace constar en su currículum, de ahí que el Ministerio Público plantea que el ilícito que le atribuye, ocurrió antes de ser nombrado viceministro de Educación.Los otros acusados por el mismo delito son las excaldesas de San Sebastián Salitrillo, Blanca Estela Cortez Lima y Ana Mercedes Aguilar de Ochoa, así como al tesorero municipal, Joaquín Ernesto Álvarez Mendoza.Para los tres se ordenó instrucción sin ninguna medida, contrario a lo planteado por la Fiscalía General de la República, esa decisión judicial también será apelada porque el Ministerio Público asegura que no se garantiza que seguirán atados al proceso. Lo retenidoSegún la Fiscalía, los cuatro señalados retuvieron cuotas de las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), a los empleados municipales, pero no las cancelaron en las instituciones previsionales.La fiscal del caso dijo que solo al (ISSS) el monto retenido y no pagado hasta el año 2018, asciende a más de $278,000."Por ese motivo, Fiscalía estaba solicitando se impusiera medidas porque considera que era procedente garantizar la otra etapa del proceso”, detalló la representante del Ministerio Público. Con respecto a lo no pagado en las AFP el monto sobrepasa los $120,000.