Juez bloquea acceso de prensa en audiencia del caso Saca

El juez Cuarto de Instrucción de San Salvador, Rigoberto Chicas, bloqueó el acceso a la prensa en la audiencia preliminar contra el expresidente Elías Antonio Saca y seis de sus más cercanos colaboradores, ayer, a pesar que el proceso no tiene decretado ningún tipo de reserva.Se consultó a las partes sobre una petición que hayan hecho para evitar que los periodistas estuvieran presentes en la sala de audiencia y manifestaron que nadie expresó oposición alguna al respecto.El juez, sin dar una explicación, bloqueó de oficio la cobertura de uno de los casos de corrupción más grandes del país; ningún periodista pudo ingresar, entre ellos los de la Unidad de Prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez, quienes también se quedaron fuera de la sala de audiencia.Por parte del juzgado no se emitió ninguna versión oficial sobre la decisión tomada y en la Unidad de Prensa también se desconocían las motivaciones sobre el bloqueo impuesto por el juez Chicas.Lo único que el juzgador permitió, previo a instalarse la audiencia, fue tomar fotografías y vídeo de los imputados que fueron trasladados desde el Centro Penal La Esperanza, mejor conocido como "Mariona”.En toda la fase de instrucción, el juez ha impedido que los periodistas tengan acceso al expediente; el 7 de diciembre, luego que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR) presentara el dictamen de acusación, se solicitó revisarlo, pero la secretaria dijo que por orden del juez no era factible.La secretaria se opuso bajo el argumento que la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos tiene un artículo que se los prohíbe; en otros juzgados se ha procesado a imputados por lavado de dinero y los jueces no han bloqueado la cobertura de los periodistas. TransparenciaAyer se consultó a los defensores sobre cómo ven el bloqueo del juez hacia la prensa y Lisandro Quintanilla, abogado del exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, Julio Rank, se mostró sorprendido, pues pensaba que había sido decisión de los periodistas no ingresar a la sala de audiencia."Nosotros somos del criterio de que a todos estos casos y juicios deben tener acceso los medios de comunicación, creo que la población debe estar enterada e informada de lo que acontece en un juicio de esta naturaleza”, sostuvo Quintanilla.Este caso fue judicializado por la Fiscalía General de la República, el 31 de octubre del año 2016, y en esa fecha acusó a los procesados de haber lavado $246 millones, pero ese monto se incrementó en $56 millones más con el peritaje realizado.La UIF señala en el dictamen de acusación que el expresidente Saca tuvo, supuestamente, la ayuda de seis de sus colaboradores para desviar $300 millones desde una cuenta subsidiaria de la Presidencia hacia 14 cuentas a nombre de Élmer Roberto Charlaix Urquilla, Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez, para después transferirlos a sus empresas.De los $300 millones que salieron de la cuenta subsidiaria de Casa Presidencial, $116 millones se cobraron en efectivo, configurándose así el peculado (apropiarse de bienes del Estado).