La Defensoría del Consumidor retira 12,400 productos vencidos

La Defensoría del Consumidor retiró de circulación 12,400 productos vencidos en los últimos seis meses de 2019, informó ayer Ricardo Salazar, presidente de la institución.La Ley de la Defensoría del Consumidor establece dentro de las infracciones muy graves el ofrecimiento al consumidor de productos vencidos, así como incumplimientos a los requisitos de etiquetado. Estas acciones se sancionan con una multa de hasta $500 salarios mínimos mensuales del sector industria.Salazar detalló que tanto en supermercados como en minisúpers, tiendas de conveniencias o establecimientos de venta por menor se detectaron 12,400 productos vencidos. Fueron retirados, destruidos y la Denfensoría del Consumidor inició un proceso sancionatorio, indicó el presidente de la institución durante la entrevista matutina República, de Canal 33.Esta entidad estatal también encontró productos vencidos en las cadenas de supermercados grandes, quienes vinculan la causa por "la cantidad de inventarios que disponen pero es una situación que no justifica que se esté comercializando este tipo de servicio”, indicó Salazar.El funcionario aseguró que la institución atendió durante diciembre pasado 4,500 personas por denuncias a supuestas irregularidades en los derechos del consumidor, estas fueron en su mayoría en el rubro de telecomunicaciones en renovación de contratos o suspensión de paquetes por mala calidad o falta de servicio.También se detectaron infracciones en el cumplimiento de promociones e incluso, agregó el funcionario, se identificaron restaurantes que cobraban a los usuarios por la permanencia en los establecimientos."Hemos atendido casos, por ejemplo, en los cuales a los consumidores solo por entrar se le estaba cobrando una cantidad y esto no estaba previamente informado. Estamos hablando de restaurantes que tenían o habían preparado entretenimiento y el consumidor desconocía que debía realizar un pago para estar en el lugar sin nada de consumo”, sumó.Efectuar cobros indebidos, como recargos directos a cuenta de bienes y servicios sin que haya sido previamente autorizados o solicitados por el consumidor, está tipificado como prácticas abusivas en la Ley de de Protección al Consumidor.Estas acciones están prohibidas a todo proveedor de bines y servicios, y la entidad es la encarga de velar porque no se efectúen. Polémica por no renovación de contratos El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Defensoría del Consumidor (Sitradc) y la presidencia de la institución protagonizan una polémica tras no renovar los contratos de seis trabajadores.El sindicato denunció "el despido injustificado” de seis trabajadores, entre los cuales se encuentran cuatro empleados de las instalaciones en Antiguo Cuscatlán, uno del Centro de Solución de Controversias de Santa Ana y otro de las oficinas de oriente. Este último laboró por 11 años, explicó Leonor Cárdenas, secretaria general de Sitradc.La Defensoría, en tanto, publicó un comunicado en el que señaló que dentro de los casos "hubo incumplimiento de deberes, faltas administrativas y conducta inadecuada”. Aseguró que en uno de estos se documentan "expresiones de violencia hacia la mujer, afectando los objetivos institucionales”.