El presidente Nayib Bukele se mantiene enfrentado con la Corte Suprema. / DEM
La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) se pronunció el viernes sobre el enfrentamiento entre la presidencia de la República y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y sobre todo de la posibilidad de que esto afecte al perfil de riesgo del país.Federico Hernández, director ejecutivo de la gremial, explicó que hay preocupación por la amenaza de desacato que ha dado el Ejecutivo la que considera envía un mal mensaje hacia el exterior.La nueva discrepancia entre poderes ocurre en un momento clave para la economía cuando el Ejecutivo está a la búsqueda de fuentes de financiamiento para atender la crisis sanitaria y los planes de fomento a la economía. Hernández sostuvo que "los mensajes antidemocráticos” pueden poner en riesgo el perfil de crédito del país por lo que urgen del fomento de una relación de unidad y diálogo para salir de la crisis.Carmen Irene Alas, primera vicepresidenta de la Camarasal, añadió que como gremial apoyaron en un inicio las medidas de aislamiento, pero también advierten de la necesidad de corregir errores en el manejo de la crisis sanitaria, asimismo externó su preocupación por la discrepancia entre poderes y abogó en la necesidad de una separación de los mismos y del respeto de sus funciones.
PredictibilidadJorge Hasbún, presidente de la Camarasal, añadió que el país urge de confianza y predictibilidad. La próxima semana se cumple un mes de la declaración de cuarentena domiciliar obligatoria, medida que respaldan y ha permitido disminuir los riesgos de contagio por COVID-19.Sin embargo, reclaman la falta de certeza sobre la duración de las medidas ya que destaca "no se sabe si va a durar los 15 días, si va a durar 30 días”.Hasbún destacó que no están presionando para una abrupta apertura de la economía, pero sí de protocolos a seguir cuando esto comience a darse, ya que están conscientes de que la prioridad es la salud de la población.Agregó que como gremial están aportando insumos para planear la etapa de recuperación y que, aunque han tenido receptividad de parte de los funcionarios de Gobierno, necesitan que se aceleren los planes ya que por el tamaño de la crisis y el rápido deterioro de las finanzas hay grandes riesgos sobre la economía.