Regina María Cañas, conocida en el mundo artístico como la "tía Bubu” afirmó que imparte clases de "Inglés y Teatro” a niños de la comunidad El Zonte, en el Puerto de La Libertad, como trabajo de utilidad pública, tras una condena de tres años por el delito de encubrimiento impuesta por el Juzgado Séptimo de Instrucción.Cañas fue acusada en el caso de su exesposo, el expresidente Mauricio Funes, quien es señalado de haber extraído $351 millones durante su gobierno.
Responsabilidad civil
En cuanto a la cancelación de los $95,000 a la que el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador la condenó como responsabilidad civil, Cañas se comprometió a pagar una parte en efectivo y otra con una propiedad (terreno y casa) situada en La Libertad.En ese rubro, la tía Bubu manifestó que ese inmueble, calculado en más de $62,000, no se ha podido traspasar al Estado porque aún pesa sobre él, el embargo de bienes que el Juzgado de Extinción de Dominio impuso a los bienes de los 32 imputados en el caso Saqueo Público. Sobre el inmueble de Regina Cañas y que todavía no está en poder del Estado, la fiscal manifestó que "el juez ha tenido, a bien librar oficios para que el inmueble pase a formar parte de las arcas del Estado”.A la fecha, Regina Cañas ha pagado en efectivo, $32,000 al Estado de los $95,000.
La audiencia
Regina Cañas brindó esas declaraciones al salir de una audiencia especial que se realizó en el Juzgado Quinto de Vigilancia Penitenciaria a petición de la Fiscalía.Ahí, la fiscalía solicitó que se revocara la decisión judicial, que autorizaba a la imputada a realizar dos jornadas laborales de utilidad pública con miras a terminar las 144 jornadas de trabajo en año y medio, la mitad de la sentencia emitida por el Juzgado Séptimo de Instrucción. Agregó que como Fiscalía, estaban satisfechos porque se revocó la decisión que establecía dos jornadas de trabajo de utilidad pública por semana y se modificó que se realice una por semana, de modo
que se cumplan a los tres años de prisión a los que fue condenada.La Fiscalía dejó en claro que esto no es por capricho, sino en cumplimiento de la Ley Penitenciaria en el artículo 55 y el Código Penal en el artículo 55, que establece claramente que se debe realizar una jornada de trabajo de ocho horas por semana.