Las propuestas anticorrupción de Sidney Blanco

Sidney Blanco, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), propuso quitarle la facultad a la Asamblea Legislativa de elegir funcionarios de segundo grado, como una forma para obtener la independencia judicial en la lucha anticorrupción.Esta fue una de las propuestas que el ahora juez quinto de instrucción de San Salvador hizo en el panel de discusión "Retos y perspectivas de la independencia judicial en la lucha contra la corrupción: ideas para la reforma”, en el Encuentro Nacional Anticorrupción de El Salvador.Blanco propone quitarle la atribución a los diputados de elegir magistrados de la CSJ, magistrados de la Corte de Cuentas y fiscal general de la República porque aseguró que "cada vez más muestran que no tienen capacidad para pensar en el país”.No definió qué institución debe asumir la elección. "Lo que tengo claro que la Asamblea no son los adecuados para elegir a este tipo de funcionarios. Está comprobado que no son los idóneos para elegir a los funcionarios de segundo grado”, afirmó.Blanco hizo esta declaración cuando los diputados de la Asamblea Legislativa están negociando la elección de magistrados de la CSJ, con 46 días de atraso. GANA y ARENA coinciden en elegir a Sonia de Madriz en la CSJ, pero GANA quiere que la actual procuradora vaya a la Sala de lo Constitucional.Blanco también pide derogar el antejuicio a los funcionarios, prohibir que los funcionarios públicos abran cuentas y sean accionistas de empresas en el extranjero a menos que avisen previamente a la Sección de Probidad; obligar a los funcionarios públicos a contar con una sola cuenta bancaria y, cuando quiera abrir otra cuenta, debe avisar a la Sección de Probidad.También, prohibir a los funcionarios que tengan actividad económica, asignar un fiscal en la Sección de Probidad y que el fiscal dé un plazo para que los que recibieron sobresueldo devuelvan el dinero, ya que de lo contrario la extinción de dominio no prescribe.El fiscal general elogió la eliminación de la inmunidad y la prohibición de los negocios a los funcionarios.