Líderes sociales urgen restablecer institucionalidad democrática antes de reformar la Constitución

Organizaciones defensoras de derechos humanos urgen al presidente Nayib Bukele que se restablezca la institucionalidad democrática en El Salvador, y luego se inicie un diálogo amplio para reformar la Constitución de la República.Tras la multitudinaria manifestación del 15 de septiembre, las organizaciones de la sociedad civil que convocaron las marchas en la capital salvadoreña brindaron una conferencia de prensa para reiterar las demandas sociales que presentaron en las protestas.El rechazo a la ley bitcoin, los golpes a Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la independencia judicial, las reformas a la Constitución de la República impulsadas desde el Ejecutivo y la reelección presidencial, recientemente avalada por la Sala de lo Constitucional, fueron las principales demandas hechas por los colectivos a través de un comunicado conjunto, publicado hoy.Morena Herrera, defensora de derechos humanos de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, aseguró que la propuesta enviada ayer por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, "puede ser un buen insumo" para construir el debate, pero antes debe respetarse la institucionalidad democrática. EN CONTEXTO: Ulloa entrega a Bukele el documento con propuestas de reformas a la Constitución

¿Qué piden las organizaciones?

Karla Guevara, del Colectivo Alejandría para la defensa de derechos humanos de personas LGBTI, aseguró que las organizaciones piden restablecer parámetros de respeto a la Constitución y a la democracia, antes de iniciar un debate sobre reformas al Estado. Para abordarse la reforma constitucional, las organizaciones piden:

1. 1. El restablecimiento de la institucinalidad democrática: restituir al fiscal general Raúl Melara y a los cinco magistrados destituidos de la Sala de lo Constitucional.
   2. La derogación de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
   3. La derogación de la "ley Alabí", oficialmente denominada "Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de Salud Pública ocasionadas por la pandemia covid-19".
   4. Que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue los 12 actos de corrupción que señaló la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
   5. La derogación de las declaraciones de reserva de información pública, en la Asamblea Legislativa y las instituciones de Gobierno.
   6. La derogación de la confidencialidad de las declaraciones patrimoniales de Probidad de funcionarios y empleados públicos, así como los informes de auditorías practicadas por la Corte de Cuentas de la República.
   7. La ratificación de la reforma constitucional aprobada en la legislatura 2018-2021, a los artículos 2 y 69 de la Constitución de la República, sobre el derecho a la alimentación y el derecho humano al agua y su saneamiento.
   8. La derogación de la Ley Bitcoin "que fue decretada sin consulta".
   9. Frenar la instalación de minería informática de bitcoin en El Salvador.
   10. Devolver la autonomía y funciones al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

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Reformas constitucionales "violan la ley".

Milagro Alvarado, representante de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, aseguró que la principal exigencia es el restablecimiento de la institucionalidad democrática en El Salvador, incluso antes de iniciar una discusión por cambiar la Constitución de la República. El artículo 248 de la Constitución de la República, aseguró, delimita que las reformas deben ser elaboradas y presentadas por al menos 10 diputados, "y no de forma vertical desde la Presidencia de la República".Además, señaló que la propuesta incluye modificaciones a 215 artículos, lo que supone "prácticamente una nueva Constitución, lo cual debería contar con un amplio debate y concenso social".Amalia López, de la Asociación Movimiento de Mujeres de Santo Tomás, aseguró que las organizaciones consideran que "en este momento, en El Salvador no se dan las condiciones para reformar la Constitución", debido al irrespeto al Estado de Derecho desde el oficialismo.Las organizaciones reprocharon, en este orden, las acciones de Bukele y el partidio oficialista, Nuevas Ideas:

1. 1. Desinterés por respetar la Constitucuón, las leyes y el Estado de Derecho.
   2. La toma de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020.
   3. Desobediencia de resoluciones de la Sala de lo Constitucional.
   4. Destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional y fiscal general, el 1 de mayo de 2021.
   5. Reformas a la ley de la carrera judicial para destituir a jueces mayores de 60 años.
   6. Descartar el trabajo de las iniciativas ciudadanas en la Asamblea Legislativa, que fueron enviadas a archivo.

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Denuncian retrocesos.

Sarahí Molina, representante del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador (Musyges), aseguró que las propuestas ya entregadas por el vicepresidente Félix Ulloa a Nayib Bukele, "implican graves retrocesos en garantía de derechos". Entre estos retrocesos, destacaron:

la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto; la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local; la Asociación de Jóvenes Feministas Ameyali; la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS); la Asociación de Mujeres de Santo Tomás; la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH), la Asociación Colectivo Alejandría, la Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreños (CATS); la Fundación salvadoreña por la diversidad sexual de El Salvador "De la mano contigo", el Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador (Musyges), el Servicio Social Pasionista (SSPAS) y la Red Obrera Campesina.