Los desastres medioambientales son los mayores riesgos para que el fisco salvadoreño logre cumplir las metas de reducir el peso de la deuda a un 89 % del producto interno bruto (PIB) en 2029, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025-2029, publicado en Transparencia Fiscal.

El documento fue elaborado por el Ministerio de Hacienda en el marco del programa de $1,400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el cual se define la hoja de trabajo para realizar un ajuste fiscal de 3.5 puntos porcentuales del PIB que ordene las finanzas públicas.

Una de las principales metas es reducir en 5.4 puntos porcentuales del PIB la deuda, que pasaría de un 87.4 % en 2024 a un 82 % en 2029.

¿Qué podría frenar este objetivo?

El documento plantea que se utilizó una herramienta del FMI para evaluar los riesgos fiscales (FRAT, por sus siglas en inglés), la cual encontró que los “asociados a los desastres medioambientales” son los de mayor importancia, porque “podrían generar un impacto fiscal alto y tienen una probabilidad de materialización alta”.

El documento expone que la ubicación geográfica y las características socioeconómicas convierten a El Salvador en un territorio altamente vulnerable al cambio climático y a la ocurrencia de desastres medioambientales, cuya materialización se traduce en daños y pérdidas que impactan las finanzas públicas.

“Los riesgos del cambio climático y los desastres naturales impactan las finanzas públicas a través de daños a la infraestructura pública, pérdidas en la producción, aumento del gasto público, reducción de los ingresos fiscales, disminución de la recaudación tributaria por contracción económica y aumento de la deuda pública”, sostiene.

El cóctel de crisis está conformado así: el 88.7 % del territorio salvadoreño es considerado “zona de riesgo”, mientras que un 63 % presenta amenaza sísmica alta y muy alta; un 38 % es susceptible a deslizamientos; un 35 % a sequías y un 15 % a inundaciones.

Según la evaluación, un sismo de gran magnitud generaría desviaciones que se traducirían en una reducción de 1.5 puntos porcentuales del PIB, así como un aumento de 2 % del déficit fiscal y un 3.9 % de la deuda pública.

Ante esto, Hacienda estima que los pasivos contingentes por la ocurrencia de terremotos, sequías y exceso de lluvias costarían $665 millones en los próximos cinco años, un 1.81 % del PIB.

Otros riesgos

Hacienda también advierte de riesgos específicos como los derivados de empresas públicas, gobiernos locales, garantías soberanas y asocios público-privados (APP).

El documento señala que la deuda municipal ha representado un promedio de un 2.1 % del PIB en los últimos 14 años. En 2024, el saldo sumó $766.5 millones, de los cuales Hacienda asume $473.2 millones, mientras que $293.3 millones son responsabilidad directa de las municipalidades.

Además, recuerda que la gestión financiera de las empresas públicas no financieras (EPNF) puede convertirse en ingresos al fisco o en una carga, si requiere subsidios, rescates o afecta la calificación crediticia.

Actualmente, El Salvador solo tiene un APP en ejecución con la terminal de carga del Aeropuerto Internacional. La figura de un APP permite que un privado administre un bien o servicio público por un tiempo, con el compromiso de inversión.

Según el análisis de Hacienda, este proyecto es autosostenible y no requiere garantías ni pagos firmes del gobierno.