Magistrados de la CSJ ven examen patrimonial del expresidente Sánchez

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya empezó a conocer el proyecto de resolución que realizó la Sección de Probidad a raíz del examen patrimonial de Salvador Sánchez Cerén, quien fue presidente de la República en el periodo 2014-2019 y vicepresidente en el periodo 2009-2014, aseguró este miércoles el magistrado Leonardo Ramírez Murcia.La Sección de Probidad de la CSJ analizó el patrimonio de Sánchez Cerén en su calidad de vicepresidente de la República del 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2014, es decir, no se incluye originalmente el periodo en el cual fungió como presidente de la República.De acuerdo al magistrado Ramírez Murcia, quien preside la Comisión de Ética y Probidad, la cual coordina las investigaciones patrimoniales, luego continuarán con el análisis patrimonial del expresidente Óscar Ortiz, ahora secretario general del FMLN.También, empezarán a analizar la auditoría patrimonial del exdiputado Noé Orlando González, diputado durante el periodo 2003-2006, y del exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Fernando Argüello Téllez. Auditoría inició en 2017La auditoría a los bienes del exmandatario Sánchez Cerén inició el 9 de enero de 2017, de acuerdo a un informe de Probidad. El caso fue puesto en agenda de Corte Plena el 30 de julio de 2019.El 21 de marzo de 2019, la Sección de Probidad informó que ya había presentado una "adenda” del caso de Sánchez Cerén a la Comisión de Ética y Probidad, conformada por cinco magistrados que coordinan el trabajo de investigación patrimonial.Según Ramírez Murcia, los 15 magistrados de la CSJ se alistan a conocer otros seis proyectos de resolución. El funcionario reconoce cierto letargo en la investigación patrimonial de los funcionarios pero lo atribuyó a la falta de magistrados de la CSJ, antes del nombramiento.La Sección de Probidad de la CSJ realiza un informe preliminar, después de recibir la información de bancos y propiedades; luego, el investigado presenta pruebas sobre las observaciones y posterior a esto se realiza una "adenda”. De cada caso, la CSJ recibe un proyecto de resolución sobre el caso, además del examen patrimonial y la adenda respectiva. Luego, debe decidir si ordena o no juicio por indicios de enriquecimiento ilícito contra el exfuncionario.