Más de mil personas gestionan salir del país por amenazas de pandillas

En los últimos tres años, la Procuraduría General de la República (PGR) registra un total de 1,155 personas que han solicitado su intermediación ante organismos internacionales para gestionar la salida del país, tras ser amenazados de muerte por las pandillas en las comunidades donde residen.De la totalidad de solicitudes, 49 han logrado salir del país rumbo a Estados Unidos, Suecia, Bélgica, Inglaterra, Australia y Brasil.Los solicitantes han dicho a la PGR que corren un alto riesgo de ser asesinados en las zonas donde residen por ser parientes de una persona ultimada por estos grupos y se resisten a correr la misma suerte, así también por no pagar la extorsión o ser parientes de una niña que ha sido violada por estos delincuentes.Solo en los primeros meses previos a la pandemia por covid-19, enero y febrero de 2020, la institución brindó atención a 73 grupos familiares de entre tres y cinco personas (411 personas) que fueron forzadas a dejar sus hogares por la presión que ejercen los grupos delincuenciales, afirmó la la procuradora adjunta de Atención a Víctimas y Situación de Vulnerabilidad, Sara Dinora Ochoa Quinteros. Las víctimas.San Salvador y La Libertad son los departamentos de donde provienen la mayoría de las víctimas que han sido obligadas a salir de sus hogares; aunque el problema se da en casi todo el país.Las principales víctimas son niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas discriminadas por sus preferencias sexuales o pertenecientes al grupo LGTBI.Los salvadoreños que han recurrido a la Procuraduría tienen la opción de iniciar una vida nueva en México, Estados Unidos, Australia, Suecia, España, Inglaterra, Costa Rica, Panamá, Brasil y Bélgica, según la PGR. La Procuraduría es apoyada por organismos cooperantes internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Acnur) que brinda la mano a los salvadoreños que están amenazados de muerte y deben salir del país.En estos casos la institución además, les provee ayuda económica para cubrir los gastos de la estadía temporal en un lugar seguro en El Salvador, previo al viaje, para cubrir los costos de todos los trámites legales migratorios, traslado del lugar al aeropuerto el día del viaje, boleto aéreo, y la gestión con el país receptor para recibirlos y su asentamiento final.Todo este acompañamiento, dice la procuradora adjunta, se da en cumplimiento con la sentencia de julio de 2018 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de darle atención a las personas víctimas del desplazamiento forzado y la aplicación de la Ley del Desplazamiento Forzado."Los primeros casos que solicitaron asistencia en la Unidad de Atención a Víctimas y Situación de Vulnerabilidad fueron de retornados con necesidades de protección, pero, progresivamente, los casos se ampliaron a situaciones de familias desplazadas internamente por violencia generalizada”, afirma la procuradora adjunta.La procuradora añade que los primeros niveles de asistencia se realizaron en coordinación con organizaciones de la sociedad civil como Cristosal, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca) y Cruz Roja. Pandemia.Este año, la pandemia del covid-19 afectó el avance de estos procesos de búsqueda de refugios, por la falta de movilización debido a la escasez de transporte público. Los meses de mayor afectación para denunciar los desplazamientos forzados fueron abril, mayo, junio y julio. Un fenómeno que no se detieneLos desplazamientos forzados a causa de la violencia no se detuvieron a pesar de la pandemia del covid-19; organizaciones no gubernamentales han recogido denuncias pero también la Procuraduría General.