Mypes con retrasos de hasta 16 meses en pagos de entidades públicas

Juan Cruz es un sastre con más de 39 años de experiencia radicado al norte de San Salvador, que desistió de incluirse como proveedor de paquetes escolares del Gobierno por miedo a no tener en tiempo la facturación de sus servicios. "Me salí por mucho retraso de pago” mientras que "uno al trabajador hay que estarle pagando por obra”, aseguró.Cruz es solo un ejemplo de las decenas de emprendedores en el país que se ven afectados por el pago tardío de sus productos y servicios por parte de instituciones públicas, pues un total de 60 micro y pequeñas empresas (mypes) han denunciado retrasos en la facturación y, en algunos de estos casos, se reportan demoras de hasta 16 meses.Estas denuncias, que totalizan $1 millón, son los primeros resultados de la campaña de Pronto Pago ejecutada entre octubre del 2019 y enero del 2020, que lanzó la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) junto a la Corte de Cuentas de la República a finales de 2019. Los 60 procesos se presentaron entre los primeros dos meses de esta iniciativa, aseguró Paul Steiner, presidente de la autónoma.Conamype es la institución encargada de monitorear que las instituciones cumplan con lo ordenado por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap), de adquirir un 25 % a las mypes por parte de instituciones públicas y cancelar lo obtenido en períodos de 30 días.Steiner indicó que cada semana se recibe un promedio de tres y cuatro denuncias por retrasos en pagos. Aseguró que en los primeros dos meses de la campaña se logró entregar alrededor de $100,000, un 10 % del monto adeudado de las 60 denuncias.En El Salvador la falta de pago para las mypes puede llevar no solo a solicitar préstamos bancarios, o con usureros, para mantenerse en funcionamiento, sino que además propicia el cierre de las empresas en períodos de un año. Esta razón motivó a las instituciones a lanzar la campaña, que integra a 30 aliados.A pesar de esto, Víctor Rodríguez, presidente de la Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadoreños (SCIS), indicó que muchos empresarios "tienen miedo de denunciar” por posibles represalias y aseguró que las municipalidades se convierten en las que más quejas generan.Rodríguez informó que muchos de los emprendimientos en el país son de subsistencia, esto motiva que continúen brindando "crédito al gobierno, existiendo casos que se han atrasado cerca de un año los pagos, pero las gentes siguen vendiéndole con la esperanza de que un día les paguen”.