El gobierno de Nicaragua decidió denunciar el “Tratado constitutivo del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y otras instancias políticas”, suscrito en Guatemala el 2 de octubre de 1987, según una comunicación oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense dirigida a la junta directiva del organismo regional.
En la nota, con fecha 3 de octubre de 2026, la Cancillería nicaragüense señala que la decisión fue adoptada por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo “en ejercicio pleno de su soberanía” y que la denuncia tendrá “efecto inmediato”.
La comunicación, de dos páginas, indica que la decisión fue transmitida al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, en su calidad de depositario del Tratado Constitutivo.
La decisión ocurre en un contexto de cambios y cuestionamientos a distintas instituciones del sistema de integración centroamericana.
En marzo de 2025, Nicaragua denunció el convenio constitutivo de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ); posteriormente, Honduras y El Salvador formalizaron su retiro del tribunal regional.
El Parlamento Centroamericano ha sido objeto de cuestionamientos en la región. El Salvador inició en 2025 un proceso para separarse del Parlacen luego de que la Asamblea Legislativa aprobara una reforma constitucional que elimina las referencias al organismo de los artículos 80 y 133 de la Constitución.
Diputados de Nuevas Ideas argumentaron que el Parlacen no estaba generando beneficios para el país. El organismo está integrado por representantes de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y El Salvador, aunque sus decisiones no son vinculantes.
Hasta agosto de 2025 el Parlacen había aprobado 25 acuerdos durante el primer semestre de ese año principalmente recomendaciones y pronunciamientos, además de dos resoluciones y una declaración.
El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, también había planteado que el Parlacen, tal como funciona actualmente, no posee las características de un verdadero parlamento debido a que sus decisiones no tienen carácter obligatorio y que el Gobierno busca impulsar una reforma de la institucionalidad de la integración centroamericana.
