Ocho investigados por negociar con pandillas elecciones de 2014

Al menos ocho dirigentes políticos y mediadores de la tregua han sido acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) en la última semana, por estar implicados en supuestas negociaciones con pandillas que enturbiaron las elecciones presidenciales de 2014.El Ministerio Público presentó el sábado los requerimientos en contra de siete personas: el exministro de Gobernación, Arístides Valencia; el exministro de Seguridad, Benito Lara, ambos dirigentes del FMLN; Ernesto Muyshondt, actual alcalde de San Salvador y miembro de Arena, el difunto alcalde de Ilopango Salvador Ruano; y a los civiles Raúl Mijango, Paolo Lüers y Wilson Alvarado, todos mediadores durante la tregua con pandillas en el gobierno de Mauricio Funes.La acusación entregada al Juzgado Segundo de Paz de San Salvador incluye los delitos de asociaciones ilícitas y fraude electoral. La Fiscalía solicitó que seis imputados sean procesados en libertad y con medidas alternas a la detención, así como el sobreseimiento definitivo en el caso de Ruano, debido a que el fallecimiento es causa de extinción penal.El fiscal del caso, Arturo Cruz, aseguró que la tregua en el período de Mauricio Funes propició que los políticos se percataran del "poder para inclinar la balanza electoral” que tenían las pandillas.Según la acusación, Benito Lara y Arístides Valencia, con el apoyo de Wilson Alvarado y Raúl Mijango, se acercaron a las estructuras criminales para ofrecerles $100,000 a cambio de que pandilleros votaran por la fórmula presidencial del FMLN: Salvador Sánchez Cerén y Óscar Ortiz.En el caso de Arena, se entregaron $100,000 antes de la segunda vuelta electoral a través de Paolo Lüers, según la FGR. Norman Quijano, excandidato presidencial por Arena y actual diputado de la Asamblea Legislativa,enfrenta un proceso de desafuero por este caso.Contrario a otros casos en los que primero giran la orden de detención y luego se acusa ante los juzgados, la Fiscalía pidió que los imputados se presenten cada 15 días a sede judicial, evitar cualquier negociación con miembros de organizaciones terroristas y el pago de una fianza de $100,000.