“Esto podría estigmatizar y repercutir negativamente en la importante labor de derechos humanos que llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil, algunas pudiendo verse obligadas a interrumpir sus actividades”, indicó la representante de la organización internacional.
“Es probable que afecte negativamente el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y algunas de ellas se verán obligadas a suspender sus actividades”, indicó la misma Oficina en X.
La Oficina considera que la nueva ley tiene un “lenguaje ambiguo” y disposiciones que podrían “restringir indebidamente” los derechos a la libertad de asociación y expresión, por lo que exhortó al gobierno a respetar “sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos” y pidió garantizar un entorno en el que la sociedad civil pueda desempeñar su función.
La Asamblea Legislativa aprobó el 20 de mayo la Ley de Agentes Extranjeros que obliga a todas las personas naturales y jurídicas que reciban fondos extranjeros o incluso financistas extranjeros a inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) que estará a cargo de un director nombrado por el ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, y que tendrá facultades de solicitar cualquier información que considere conveniente a estos "sujetos obligados" y de solicitar que les canceles, si son personas jurídicas, la personería jurídica que les ha otorgado Gobernación. El RAEX también tendrá la obligación de entregar un informe sobre los sujetos obligados a la Fiscalía General de la República.
La ley también obliga a que "cualquier material informativo" sea transmitido "con la etiqueta que indique que el mismo se transmite de un mandante extranjero o es financiado por este".