La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), dirigida por Álvaro Leiva, dijo haber recibido amenazas telefónicas y haber sido asediada en forma permanente por grupos armados no autorizados. AFP
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), destacada en el rescate de manifestantes heridos, detenidos u hostigados durante las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, anunció este domingo que cerrará sus oficinas por serias amenazas y asedio de grupos armados ilegales.La ANPDH "se ha mirado amenazada tras haber recibido información alarmante sobre la activación de prácticas ilegales de persecución judicial y criminalización sin fundamento legal que lo motive en contra" de sus activistas, alertó la organización en un comunicado.La agrupación que dirige Álvaro Leiva y tiene su oficina central en Managua, dijo que también ha sufrido "el asedio permanente de grupos armados no autorizados y llamadas telefónicas de amenazas" en las oficinas.Ante esta situación, la ANPDH decidió cerrar sus oficinas como medida preventiva, "a fin de garantizar la integridad física y la seguridad de nuestros defensores", señaló. No obstante, informó que seguirá atendiendo las denuncias de víctimas a través de internet.La ANPDH recibió en julio el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos en Nicaragua en reconocimiento a su labor.La organización ha denunciado la existencia de una "profunda crisis" de violación a los derechos humanos en Nicaragua por la represión a las protestas iniciadas el 18 de abril, que según la agrupación ya han dejado un saldo de 448 muertos.La cifra es mayor a la estimada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que informó la semana pasada 317 muertos por la crisis.La ANPDH ha ayudado a gestionar, junto con la Iglesia católica, la liberación de cientos de detenidos ilegales, y ha señalado la existencia de cerca de 600 desaparecidos.La AFP intentó localizar a Leiva para confirmar versiones de que habría dejado el país por amenazas de muerte, pero no fue posible.El presidente Ortega ha acusado a sus opositores y grupos humanitarios de ser parte de una conspiración "golpista" financiada por Estados Unidos.La oposición denunció la semana pasada que el gobierno ha desatado una fuerte persecución contra sus activistas, manifestantes y líderes de las protestas.