Paralizado 20 meses estudio de ley de función pública en Asamblea

El estudio de los proyectos de ley para mejorar la calidad y la profesionalidad de los empleados públicos en todo el Estado ha estado estancado en la Asamblea Legislativa desde hace 20 meses.El estudio del proyecto de ley de función pública en la Asamblea Legislativa, así como el trabajo de una mesa tripartita sobre el tema, fueron suspendidas debido a la pandemia covid-19.El Equipo Impulsor de la Reforma de la Función Pública (EIRFP), conformado por 22 organizaciones de la sociedad civil, urgió este lunes que la Asamblea Legislativa retome el tema. La Asamblea no ha derogado la creación de la comisión, ni ha archivado el proyecto de ley. La última propuesta fue presentada el 6 de diciembre de 2017, bajo el nombre de "Ley de Servicio Público”.Luego de ello, la Asamblea Legislativa conformó una comisión ad hoc que se instaló el 21 de agosto de 2019. En diciembre de 2019, se instaló una mesa de discusión sobre el proyecto con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos que no logró dirimir todas las diferencias.

Diálogo.

Los representantes de las organizaciones buscarán un diálogo con los diputados de la nueva Asamblea Legislativa, aunque aclararon que han tenido contacto de orden informal con ellos. "Hemos tenido contacto de orden informal, vamos a comenzar esta semana de manera más abierta, la conferencia de prensa va en esa dirección”, expresó Gustavo Amaya. 

Contra el nepotismo y el amiguismo.

De acuerdo a Gustavo Amaya, integrante del Equipo Impulsor, se necesita una ley que garantice el combate de la corrupción, del nepotismo, del amiguismo y de la contratación de personas no idóneas en sus cargos públicos.El Equipo propone, por ejemplo, que las personas que ocupan plazas de confianza entren y salgan con los funcionarios que los contratan."No que se vuelvan un proceso de engordar indefinidamente al Estado”, expresó.

Plazas ad honorem.

Entre los temas polémicos, según el Equipo, posiblemente esté la petición de eliminar plazas ad honorem, objetado por los sindicatos en la mesa tripartita.Los sindicalistas aseguraron que es un mecanismo que facilita la corrupción y provoca recargas laborales. El Equipo coincide en los excesos en el uso de esta figura pero cree conveniente no omitir la referencia a esta modalidad, pero con "las condiciones, límites y garantías en las cuales se podrá desarrollar”.