PDDH dice derechos de sexagenario fueron afectados por PNC

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) resolvió que Rolando Castillo, de 62 años, sufrió una afectación a sus derechos de integridad, libertad y seguridad personal, tras ser amenazado y detenido arbitrariamente por agentes de la Policía Nacional Civil el pasado 7 de abril en San Miguel.El sexagenario se vio forzado a caminar cuatro calles con su bicicleta colgada del cuello y las manos atadas, después que tres agentes lo retuvieran, según ellos, por incumplir la cuarentena obligatoria por la pandemia de COVID-19.Según narró Rolando a Diario El Mundo, se dirigía a comprar alimentos cuando fue detenido por grabar con su teléfono un "abuso de autoridad”, contra su vecino, entre la avenida Simeón Cañas y la 21 calle Oriente, del mismo municipio. Después de recibir golpes, fue retenido en la delegación policial de San Miguel por ocho horas, sufriendo amenazas y ofensas por parte de agentes de la Sección Táctica Operativa (STO). La Fiscalía General de la República ya inició una investigación del caso.La PDDH, en tanto, ya califica esta denuncia como una afectación a tres derechos: a la integridad por los malos tratos; a la libertad por haber sido detenido sin justificación; y a la seguridad personal por coacción o intimidación. Agentes obligaron a Rolando a firmar un documento en el que acepta haber violado la cuarentena a cambio de no ser encerrado con pandilleros.Como consecuencia, la delegada departamental de la PDDH, Gladys Benítez, confirmó que se solicitó al jefe de la PNC de San Miguel, Jaime Chinchilla, iniciar una investigación de esta denuncia "a fin de determinar la responsabilidad y las medidas disciplinarias a que hubiere lugar”.La PDDH le exige proporcionar los nombres del personal que realizó la detención de Rolando Castillo, así como los agentes de la STO en contacto con él mientras permaneció en la delegación.Al ser consultado por Diario El Mundo, el comisionado Chinchilla aseguró que ya emitió el informe a la PDDH, que incluye a posibles participantes del procedimiento, y ya hay "una investigación disciplinaria” y un informe para la Fiscalía. Hasta ahora, no hay suspensiones ni sanciones por el caso.  Según la PDDH, se detectó una afectación a los derechos de integridad y libertad personal, por recibir malos tratos y ser detenido arbitrariamente.