En declaraciones a la emisora RPP, Schialer se refirió al creciente poder de la minería ilegal, vinculándola con bloqueos de carreteras en regiones como Arequipa y La Libertad, protagonizados por grupos que rechazan el cierre del registro estatal que les permite operar.
“Vamos a reimponer el principio de autoridad. Dialogaremos con quien quiera dialogar, pero aplicaremos todo el peso de la ley a los dirigentes que impulsan estos reclamos y que ya están identificados”, aseguró el canciller.
Schialer denunció que los manifestantes reciben unos 120 soles diarios ($33), lo que, dijo, revela un financiamiento “no necesariamente legal” conectado a la minería ilegal. Según el funcionario, quienes financian estas protestas buscan desestabilizar el país sin interés por “la ley ni la paz”, afectando el transporte de alimentos y productos básicos.
El gobierno peruano reiteró que mantiene abierta la vía del diálogo, pero advirtió sanciones severas para quienes lideran bloqueos y acciones de presión. Expertos relacionan la expansión de la minería ilegal con el alza del precio del oro en mercados nacionales e internacionales.
De acuerdo con el diario El Comercio, en zonas de la Amazonía peruana, una draga minera puede extraer hasta 7 kilos de oro anuales usando mercurio, lo que genera ganancias de hasta $690,000 al año, además de un grave daño ambiental.