Según los miembros destituidos del Tribunal Sancionador de la Defensoría, esa entidad quedó acéfala durante una semana. / DEM
Exfuncionarios de la Defensoría del Consumidor pedirán a la Presidencia de la República declarar nulo el nombramiento del nuevo Tribunal Sancionador de la institución, encargado de imponer multas y ordenar compensaciones, por considerar que su destitución se realizó de forma ilegal.Óscar Canjura y Mario Escobar, antiguos vocales del Tribunal Sancionador, presentaron la semana pasada una petición formal a Casa Presidencial para que anule el nombramiento del nuevo presidente de la entidad, José Leosick Castro, y sus dos vocales Pablo José Zelaya y Lidia Patricia Castillo, debido a que, según los exfuncionarios, fueron designados ilegalmente.Canjura explicó a Diario El Mundo que la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Presidencia pidió la renuncia de los tres miembros propietarios y tres miembros suplentes del tribunal, a través de una carta remitida el pasado 14 de junio.En la misiva, detalló, "se manifestaba que ésta era una decisión política del Presidente de la República”, por lo que la entonces presidenta del tribunal, Sandra María Góchez, y las suplentes Sara Ventura, Nidia Castillo y Yanet Portillo, depusieron su cargo.No obstante, dos de los exmiembros decidieron permanecer en la institución por considerar que "la petición era ilegal”, debido a que fueron elegidos para fungir por un período de cinco años, que caducaba en junio de 2021.
AcefalíaA pesar de ello, detalló, el 21 de junio fueron notificados por parte de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Presidencia que se inició un proceso de destitución en su contra, teniendo como causal "conducta profesional notoriamente inmoral”, por no haber puesto a disposición sus cargos.La instrucción de presidencia otorgó tres días para que los abogados presentaran sus alegatos. Sin embargo, "no respetaron la Ley de Procedimientos Administrativos”, debido a que se contó un fin de semana como parte de este tiempo y se ordenó una destitución inmediata el lunes 24, aseguró Canjura.Como argumento, la Secretaría indicó que "al no renunciar, impiden con ello el nombramiento de una persona que a juicio de esta Presidencia cumpla con el requisito de confianza”, señaló el exfuncionario.La Ley de Protección al Consumidor establece en el Artículo 80 que todos los miembros del Tribunal "serán nombrados por el Presidente de la República”, reuniendo todas las credenciales y requisitos como abogados de la República. Además, en el Artículo 81, dispone que los miembros durarán cinco años en sus funciones y permanecerán en el cargo hasta que sean designados los nuevos funcionarios.El impasse provocó que la institución quedara acéfala por más de una semana, con más de 8,500 procesos pendientes a dirimir, "afectando todo el sistema de protección al consumidor”, aseguró Canjura.De no conseguir revocar el nombramiento, indicó el exfuncionario, valorarán interponer un recurso ante la Sala de lo Constitucional o la Sala de lo Contencioso Administrativo. También se abstendrán, por ahora, de denunciar un supuesto caso de nepotismo, pues aseguraron que el nuevo presidente del Tribunal Sancionador es padre de Conan Castro, secretario Jurídico de la Presidencia.
El caso21-06-2019Los exfuncionarios del Tribunal Sancionador de la Defensoría fueron notificados formalmente de su proceso de destitución y se les otorgaron tres días para presentar su defensa.
24-06-2019Se contaron días no hábiles y el 24 de junio los exvocales del Tribunal fueron destituidos de sus cargos, que finalizaban, según la Ley de Protección al Consumidor, en cinco años.
27-06-2019Los exfuncionarios enviaron una petición a Casa Presidencial para declarar nulo el nombramiento del Tribunal Sancionador. Presidencia tiene 15 días hábiles para responder.