Piden juicio para estructura que legalizaba bienes de pandilla 18

La Fiscalía General de la República solicitó al Juzgado Especializado de Instrucción "C”, que envíe a juicio a cinco personas, entre ellos un subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC), a quienes acusan de ser remanentes de una estructura que aparentemente se dedicaba a blanquear los ingresos de la pandilla 18 en el país.De acuerdo con la investigación, los imputados crearon sociedades mercantiles para dar apariencia legal en los ingresos de la pandilla 18 que luego eran invertidos en compra de propiedades, vehículos y realizaban depósitos a plazo en el sistema financiero nacional.Como resultado del manejo de fondos, los imputados llegaron administrar 296 vehículos de todo tipo, estilo y clase. En algunos casos adquiridos en pago por préstamos de deudores, por el delito de estafa y otros de dudosa procedencia; varios de estos automotores eran dados en alquiler para uso personal, taxis o simplemente eran puestos a la venta."Se invertía el dinero en efectivo y adquisición de vehículos para efecto de concluir el ciclo de lavado de dinero y activos y aparentar que el dinero procedía de una actividad lícita; en estas acciones hubo mezcla de capitales lícitos con ilícitos”, explicó la fiscal.

Cinco acusados.

La supuesta estructura de lavado de dinero y activos estaba conformada por Wilber Robin Flores, Billy Francisco Flores, Juan Antonio Flores y Baltazar de Jesús Hernández Méndez, este último es subinspector de la PNC.A los primeros cuatro, se les acusa de agrupaciones ilícitas, lavado de dinero y activos; entre tanto a Hernández por agrupaciones ilícitas, falsedad material e ideológica.La fiscal del caso manifestó que esta estructura no es como las tradicionales de las pandillas que cometen extorsiones, homicidios y otros delitos similares; "sino que involucraba a pandilleros, bandas delicitivas y civiles quienes colaboran para la obtención de bienes muebles e inmuebles y así poder fortalecer la parte económica de la agrupación”.Tres de sus líderes ya forman parte de otro proceso judicial en fase de juicio; y en el actual, se procesan a los colaboradores patrimoniales. 

Seis años.

"El periodo que operó esta estructura fue entre los años 2013 y 2019 en ciertas zonas de San Salvador”, afirmó la fiscal. A este nivel del proceso, todavía no se puede establecer un monto total del lavado de dinero que se atribuye a los cinco procesados en el actual caso porque involucra no solamente lavado de dinero y activos sino también otros hechos en cuanto estafas y falsedades que se han cometido.Para sustentar la acusación, la Fiscalía cuenta con el principal líder de la estructura que se acogió a beneficios penales a cambio de ayudar a esclarecer los ilícitos que se atribuyen a los cinco acusados.El testigo asegura haber inyectado fuertes sumas de dinero provenientes de ilícitos que luego se invirtieron en actividades económicas.