Por acuerdo ejecutivo Bukele delega a Ulloa propuesta de reforma a la Constitución de El Salvador
El presidente Nayib Bukele aprobó el 24 de agosto el acuerdo ejecutivo número 295 en donde delega al vicepresidente, Félix Ulloa, la coordinación del estudio y la propuesta de reformas que prevén realizar a la Constitución de la República de El Salvador.
El vicepresidente es autorizado de esta manera por el gobernante salvadoreño para "llevar a cabo el estudio, análisis, discusión y propuesta de todas aquellas iniciativas que tengan como objetivo una reforma constitucional”.
En el acuerdo se señala que la reforma constitucional será la base para "una legislación moderna y eficiente, acorde a las necesidades actuales de la sociedad”. Ulloa podrá nombrar y designar a un equipo ad hoc de profesionales en derecho todos con carácter ad honorem.
El acuerdo ejecutivo fue publicado en el Diario Oficial de El Salvador, tomo 428, número 176, del martes 1 de septiembre de 2020.
El 10 de junio de 2020, Ulloa reveló que estaba preparando una propuesta de reforma constitucional en El Salvador pareciendo descartar la reelección presidencial.
"Esas podrían ser las aspiraciones de cualquiera, pero tenemos los mecanismos de control constitucional para que eso (reelección) no se dé si no lo quiere el pueblo”, dijo, ante la pregunta del entrevistador de Telecorporación Salvadoreña (Tcs). La condición "si no lo quiere el pueblo” no fue explicada por el abogado.
Ulloa aseguró en esa ocasión que había conversado con el abogado Fabio Castillo que cualquier reforma a la Constitución de la República había que hacerla "después de las elecciones de 2021” para que "no se crea que esa Asamblea va a ser la que va a ratificar la reforma si se aprobara hoy”.
"El Presidente ha dicho: vamos a tener un nuevo país. ¿Por qué?, porque se va a necesitar nuevas reglas en el nuevo país”, expresó el vicepresidente. La delegación fue criticada en redes sociales.
¿Qué nunca puede reformarse en la Constitución de la República de El Salvador?- y concluye que ello implicaría "romper el último dique de la democracia constitucional".