¿Por qué no se pidió la extradición de Parker en el caso Jesuitas?

Benjamín Cuellar, abogado que testificó en el caso de la masacre de los Jesuitas ante la Audiencia Nacional Española, desmintió que el diputado Rodolfo Parker enfrente un proceso de extradición por haber encubierto la operación del Alto Mando del Ejército en contra de cinco sacerdotes españoles el 16 de noviembre de 1989, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en El Salvador.En una entrevista brindada a ContrapuntoTV, el abogado salvadoreño aseguró que la extradición de Parker es "un rumor" que comenzó a circular en redes sociales, después que varios medios digitales "afines al oficialismo" lo publicaran en sus sitios. Según el abogado, Parker no fue incluido en la querella debido a que los crímenes de lesa humanidad, "teniendo como parámetro el estatuto de Roma, no incluyen el encubrimiento, que fue lo que hizo Rodolfo Parker y por lo que lo señalamos en la Comisión de la Verdad de 1992".Cuéllar apuntó que la información que circula en redes es "totalmente falsa", por lo que la Policía Internacional (Interpol) no ha librado ninguna orden de captura, pues Parker nunca fue procesado en España. "El tendría que ser procesado acá, pero ese delito que se le puede imputar, el encubrimiento, ya habría prescrito", explicó.Almudena Bernabéu, abogada acusadora del caso contra el militar salvadoreño Inocente Montano, también desmintio los rumores y dijo que Parker "no fue parte procesada en este caso y nunca se solicitó su extradición".De acuerdo con Cuéllar, el diputado del Partido Demócrata Cristiano sí fue fundamental en el encubrimiento de la masacre, en su rol como asesor del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, pues fue quien instruyó a los autores materiales sobre cómo tenían que declarar. El 11 de septiembre de 2020, la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional Española declaró culpable al excoronel Inocente Orlando Montano Morales, de 77 años de edad, por la muerte de cinco sacerdotes españoles, la madrugada del 16 de noviembre de 1989.Los magistrados condenaron al militar salvadoreño, único procesado por la masacre, a 26 años y ocho meses por cada asesinato, es decir, que su condena asciende a 133 años de prisión por la matanza de Ignacio Ellacuría, quien era el rector de la UCA; Ignacio Martín Baró, el vicerrector académico; Segundo Montes Mozo, director del Instituto de Derechos Humanos; Juan Ramón Moreno Pardo, director de la biblioteca y Amando López Quintana, profesor de filosofía, todos de la UCA.