Posible excarcelación de violadores de DDHH por pandemia levanta polémica en Chile

Organizaciones de derechos humanos rechazaron este lunes el respaldo del gobierno de Sebastián Piñera a una ley humanitaria que permite que condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) cumplan sus condenas en casas por la emergencia del coronavirus.La normativa, que permite excarcelar a mayores de 75 años que hayan cumplido la mitad de su pena y que estén en riesgo inminente de muerte o sufran de invalidez total, fue ingresada al congreso en 2018 sin que registrara mayores avances hasta ahora.Pero ante el rechazo de los partidos de la coalición de gobierno a otra ley especial que buscaba liberar a presos de alto riesgo de contraer el coronavirus, el gobierno de Piñera anunció que le daría "urgencia" a la tramitación en el Parlamento de la ley humanitaria de 2018.En el plan inicial la ley favorecía a presos mayores de 75 años y embarazadas pero excluía a violadores de derechos humanos."Las personas que son enfermos terminales, que se están literalmente muriendo de enfermedades gravísimas (...) creo que tienen derecho a una muerte con dignidad", dijo el mandatario, en una entrevista con la red de canales regionales.Piñera dijo que este principio rige para todos los presos no solo a los 115 represores que cumplen condena en Punta Peuco, una cárcel de lujo ubicada en las afueras de Santiago, con condiciones de confort muy distintas a las del resto de las cárceles chilenas."Los violadores a los derechos humanos mueren en la cárcel, porque los crímenes que cometieron son de la más absoluta gravedad", afirmó este lunes Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos.A juicio de esa agrupación, el gobierno hizo uso de "oportunismo político" y se "aprovechó" de la emergencia del coronavirus para garantizar la libertad a genocidas.Con el respaldo a esta iniciativa, el gobierno de Piñera busca que los partidos de su coalición respalden la ley especial que impulsa para liberar a más de 1.300 reclusos de alto riesgo de contagiarse de coronavirus pero que no incluía a criminales de lesa humanidad.La ley fue aprobada en el Congreso pero los partidos oficialistas la impugnaron ante el Tribunal Constitucional, un paso que retrasará o impedirá que entre en vigor la iniciativa, clave para rebajar los altos índices de hacinamiento carcelario.La dictadura de Pinochet dejó más de 3.200 muertos y desaparecidos.