Presidente amenaza con vetar “amnistía disfrazada” para criminales de guerra

El presidente de la República, Nayib Bukele, amenazó con vetar la Ley de Reconciliación Nacional que pretende aprobar esta noche la Asamblea Legislativa, un proyecto ampliamente rechazado por organizaciones sociales que representan a las víctimas de la guerra."¡VETO!", escribió Bukele como respuesta a un tuit del presidente legislativo, Mario Ponce, convocando a una plenaria extraordinaria con el único objetivo de aprobar el proyecto de ley de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional."No puede haber una ley perfecta". Esa es la explicación que da reiteradamente el presidente legislativo al defender el anteproyecto que ordenó diseñar del puño y letra de juristas, sin consultas abiertas. El último foro, para validar la ley, se dio en un hotel capitalino y culminó la noche del martes, con una asistencia modesta de defensores de derechos humanos y ninguna víctima.Tras las formalidades y tan solo 48 horas de vencerse el plazo que otorgó la Sala de lo Constitucional, la Comisión Política emitió un dictamen favorable para la ley, que recibió duras críticas de la Mesa contra la Impunidad, el Instituto de Derechos Humanos de la Uca (Idhuca), Tutela Legal, Cristosal y Probúsqueda de Víctimas del Conflicto Armado. Aún no está claro si se retomaron o no sus observaciones."La Presidencia de la República no sancionará ninguna ley que no contenga tres elementos fundamentales para que sea justa y constitucional: verdad, reparación y justicia", continuó Bukele, en una serie de tuits.En el proyecto presentado el lunes, se establecen beneficios para los autores materiales e intelectuales de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad: podrían cumplir solo con un 20 % de su condena si confiesan su delito o piden perdón a las víctimas.En su artículo 66, el anteproyecto establece que "el juez podrá reducir a la quinta parte la totalidad de las penas a imponer, previo haber escuchado a las víctimas”, si la persona procesada cumple con "cualquiera de las condiciones” como reconocer su grado de participación sobre los hechos; pedir perdón a las víctimas; colaborar con el esclarecimiento de los hechos; ayudar a ubicar el paradero de las víctimas o de sus restos, o ubicar pruebas de los hechos.Según Ponce, este artículo ya se subsanó. Ahora, los acusados tendrían que cumplir una cuarta parte de la condena.Entre los cambios que hicieron, además, es la ampliación del plazo que otorgan a la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar los crímenes: ahora, el Ministerio Público tendría un año y no seis meses para definir si hay delito, tras la denuncia de las víctimas.Además, en la Ley de Reconciliación Nacional se permitiría a la Fiscalía acceder a los archivos militares que contengan operativos constitutivos de crímenes de guerra; con una restricción aplicada del 1 de enero de 1980 al 16 de enero de 1992.