El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, sostuvo este miércoles que
"ni uno solo de los cinco millones de costarricenses" ha sido "espiado", y calificó de "calumnias e insinuaciones" las investigaciones contra la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) en este sentido.Alvarado compareció ante la Asamblea Legislativa por e
l caso de la UPAD, un organismo puesto en marcha para recabar datos de los costarricenses y mejorar el proceso de toma de decisiones del Gobierno. El Ejecutivo costarricense se vio obligado a eliminar el órgano ante la polémica por un supuesto espionaje a los ciudadanos.En su alegato, el mandatario dijo que "por lo más sagrado" que el equipo de análisis de datos de la Presidencia costarricense
no vulneró la privacidad de ningún ciudadano, no se usó la información para el beneficio de ninguna persona en particular y no se obtuvieron beneficios ilegales derivados de esta información. Defendió que el trabajo de recolección de datos se llevó a cabo de buena fe, señaló que la oposición al proyecto surgió de sectores "acostumbrados" a tomar decisiones con base a criterios subjetivos o electorales. Asimismo, defendió que en la campaña electoral de 2018 avanzó su intención de tomar decisiones gubernamentales con datos e indicó que el objetivo es que estas tuvieran un respaldo técnico y ético, no "por antojos". El mandatario también reveló que él proporcionó los "lineamientos generales" para que la unidad de análisis de datos permaneciera en el tiempo y fuera aprovechado por futuras administraciones, antes de alabar al equipo de trabajo que creó la UPAD.No obstante,
reconoció que el decreto "contenía un error de redacción" y que, cuando lo firmó, estaba convencido de su legalidad. Tal y como explicó,
el "error de redacción (...) leído de forma aislada y fuera de contexto (...) permitía generar interpretaciones negativas lejanas al objetivo perseguido".Rechaza teoría conspirativas
Durante su intervención, Alvarado también recordó que la creación de la UPAD se comunicó a la Contraloría General de Costa Rica, por lo afeó la existencia de "teorías conspirativas". En este sentido, evidenció como prueba que la creación de la UPAD se llevó a cabo mediante un decreto, que fue público. Por último, avisó de que convocar a un presidente de Costa Rica a comparecer en un pleno legislativo "no debe repetirse jamás" y advirtió que las "posibles consecuencias" de este hecho no se pueden "dimensionar" por el momento. "Sobre todo por nuestra democracia".