Probidad audita cuentas y bienes de 42 funcionarios

Las cuentas, los bienes muebles e inmuebles de 42 funcionarios o exfuncionarios públicos están siendo investigados o han sido auditados por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia hasta diciembre de 2018.De acuerdo a un informe de la Sección de Probidad obtenido por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Corte Plena conoce y aún no emite resolución final sobre Othon Sigfrido Reyes Morales, como diputado propietario de la Asamblea Legislativa del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015; Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, diputado propietario 2006-2015; el actual vicepresidente del país, Óscar Samuel Ortiz Ascencio, como diputado propietario 1994-2000 y alcalde de Santa Tecla 2006-2014; Ana Vilma de Escobar, vicepresidenta 2004-2009; y Noé Orlando González Flores, como diputado propietario.La resolución de Corte Plena, conformada por 15 magistrados, es la última fase en la cual puede ordenar un juicio civil por indicios de enriquecimiento ilícito o no.Probidad está elaborando una "adenda” al informe preliminar en tres casos: Salvador Sánchez Cerén, como vicepresidente de 2009 a 2014, Agustín Díaz Saravia como diputado 2003-2006 y Carlos Quintanilla como vicepresidente en el periodo 1999-2004.La adenda es un agregado elaborado con nueva documentación presentada por los indagados y puede modificar el informe preliminar de Probidad. En el pasado estas adendas disminuyen el crecimiento no justificado de patrimonio.Probidad ha terminado de redactar la adenda en siete casos: Ezequiel Milla, como primer regidor y alcalde de La Unión; Mauricio Hernández, diputado de 2003 a 2006; Jorge Escobar, diputado de 2003 a 2006; Ricardo González, diputado suplente de 2003 a 2006; Víctor Zaldívar, diputado suplente de 2003 a 2006; Óscar Joya Panameño, director ejecutivo de Fovial de mayo a diciembre de 2006; Jorge Hernández Isussi, presidente del INDES de 2004 a 2009.Luego de recibir las declaraciones patrimoniales de los funcionarios o exfuncionarios, Probidad solicita la información bancaria, de propiedades y vehículos a diferentes instituciones para confrontar la declaración que las personas presentan con la información oficial de las instituciones para elaborar un "informe preliminar” que le es notificado al funcionario indagado.En la fase de la notificación del informe preliminar al investigado se encuentran las auditorías realizadas al expresidente Alfredo Cristiani, al exministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, al diputado de Arena Carlos Reyes, al exministro de Justicia y Seguridad, René Figueroa, al consejal de la Judicatura Alcides Funes Teos, al exmagistrado Walter Araujo y al magistrado Fernando Argüello Téllez.Hasta diciembre de 2018, aún se encontraban en esta fase las auditorías a los bienes del fallecido expresidente Armando Calderón Sol; y los procesados por delitos relacionados a corrupción: el expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador (Cifco) Miguel Menéndez; el presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) Leopoldo Samour; y el expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), Nicola Angelucci.