El procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, se pronunció este miércoles mediante un comunicado sobre las
denuncias de militarización del paso fronterizo con Honduras y la restricción del libre tránsito entre ambos países a los pobladores de localidades limítrofes localizadas al norte de Chalatenango.Tobar pidió al presidente Nayib Bukele verificar las actuaciones de los efectivos militares destacados en las tareas de vigilancia en los municipios de San Fernando, Arcatao, Nueva Trinidad y Nombre de Jesús y
observó que las acciones del Ejército podrían estar violentando principios y legislación migratoria vigente.Además exhortó al mandatario a que instruya al ministro de Defensa Nacional, René Merino Monroy, para que detenga las afectaciones a los derechos de los pobladores de la zona
"dejando sin efecto los controles migratorios que no sean de su competencia”.
También, a que la Dirección General de Migración y Extranjería
promueva una carnetización para los salvadoreños que, debido al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (Países Bajos, 1992), quedaron residiendo en Honduras.El procurador llamó también al fiscal general de la República, Raúl Melara, y al director general de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza,
a promover acciones penales en caso que conozcan sobre el cometimiento de delitos o posibles delitos.Bukele acusó a ediles
Ediles de Chalatenango denunciaron el pasado 20 de octubre que la presencia militar en la zona había aumentado y que los
militares estaban limitando la libre movilidad entre municipios salvadoreños y hondureños.Según manifestaron, la libre movilidad entre ambas naciones es parte de la vida diaria de los pobladores, dedicados en su mayoría a labores agrícolas y de comercio y también aseguraron que el libre paso siempre había sido posible aún en tiempos de guerra civilHoras más tarde el mismo 20 de octubre,
Bukele ordenó redoblar la presencia militar en el norte de Chalatenango y acusó a los ediles de colaborar con el narcotráfico.