Proponen limitar beneficios fiscales a zonas económicas

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) propone limitar los beneficios fiscales para las zonas económicas especiales (ZEE), que según la propuesta del Gobierno, presentada en 2018, tendrían exención de impuestos perpetua.Desde la presentación del proyecto de ley de las ZEE, en julio del año pasado, el proceso de elaboración y discusión se caracterizó por falta de transparencia y una de las principales debilidades es que no contó con una consulta pública, señaló ayer Marjorie de Trigueros, investigadora del Departamento de Estudios Legales (DEL) de Fusades.Con la ley de ZEE se crearían centros logísticos, donde un Desarrollador se encargaría de la urbanización, construcción y mantenimiento, mientras el Operador Económico ejecutaría alguna de las actividades productivas incluidas con beneficios fiscales.En la propuesta del Ejecutivo se contempla que los Desarrolladores gocen de exenciones fiscales perpetuas. En los primeros 25 años no pagarían el 100 % del Impuesto sobre la Renta (ISR), luego un 70 % en los siguientes cinco años y después se quedarían con un 50 % mientras dure la actividad autorizada.En tanto, los Operadores Económicos no pagarán el ISR durante todo el período que mantengan la actividad en la ZEE.Tras consultar la propuesta del Gobierno con otras legislaciones y expertos, Fusades considera que "para hacerlo más atractivo que las leyes actuales”, el período de beneficios fiscales para los Desarrolladores y Operadores Económicos debería ser 35 años, con la posibilidad de cinco años adicionales si se cumplen ciertas características."Si nosotros estamos buscando que este territorio se desarrolle, en algún momento los municipios también tienen que tener un ingreso y, por eso, creemos que los incentivos tienen que ser mejores. Éstos son más ambiciosos que los que tiene la ley de zonas francas”, comentó Trigueros.El tanque de pensamiento también propone modificar los montos mínimos de inversión, cuestionados por las gremiales empresariales por considerarlos excluyentes para los empresarios nacionales.La propuesta del Ejecutivo es $20 millones y Fusades considera que debería ser $5 millones en turismo y $10 millones para cualquiera de las demás actividades, como energía renovable o aeroportuarias.La institución mantiene el monto de inversión de $5 millones para el Operador Económico y propone que para los enfocados en turismo la cifra no supere los $2 millones. Asimismo, pide que se cree la figura del "ombudsman”, un encargado de abogar por los inversionistas ante las autoridades del Ejecutivo.