¿Qué hay detrás de la Ley Bitcoin?

Lunes 14, Junio 2021 - 5:15 AM

Se menciona la atracción de la inversión, la distracción de temas como desapariciones y fin de la CICIES, y la búsqueda de una opción a un eventual problema de liquidez debido al deterioro de la relación con EEUU como motivaciones de la ley.

El proyecto de Ley Bitcoin fue entregado por la ministra de Economía.
Las posibles motivaciones sobre la aprobación de la Ley Bitcoin en El Salvador están en la discusión de defensores y detractores de la nueva medida económica.El Gobierno y los diputados de Nuevas Ideas han explicado en medios oficiales o confiscados que la medida busca abaratar los costos del envío de remesas a El Salvador, así como atraer nuevos inversionistas.Para el diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, también es importante que los inversionistas ya no hablen de El Salvador como el país en donde hay homicidios.

Soltarse de EEUU.

Aunque todos sostienen que es una medida con intenciones económicas no descartan los objetivos políticos.El académico Michael Paarlberg cree que la medida es sobre todo publicitaria, busca atraer inversiones e incluso distraer de otros temas.Pero también ve un cálculo geopolítico: puede tener el objetivo de desatar a El Salvador del sistema financiero internacional y la influencia de Estados Unidos. Ello, debido a que la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1,300 millones que aliviarían el déficit presupuestario que persiste para los años 2021, 2022 y 2023 cada vez se alarga más."El presidente está apostando de que, si lo pierde, los inversores del sector tech y China llenarán el agujero”, analiza.Sin embargo, Paarlberg lo ve como una apuesta peligrosa porque China no quiere prestar tanto a El Salvador y si lo hace sería costoso.Al final, cree que el anuncio solo ha arriesgado más la negociación con el FMI y otros préstamos futuros. "Por lo menos los hará más costosos porque sube los índices de riesgo”, afirmó.La economista Tatiana Marroquín cree que el Gobierno tomó esa medida porque prevé la falta de liquidez ante una difícil obtención de los fondos del FMI en el marco de un deterioro de la relación con EE.UU. Ello, explica, estaría poniendo de hecho la dolarización en peligro.

Distracción.

Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, ve una intención económica pero también ve otra intención política, que buscaría desviar la atención interna y externa de hechos como "el golpe de Estado, de la expulsión de la CICIES, de la mala relación con Estados Unidos, de lo que ha pasado en Chalchuapa, de los señalamientos de corrupción contra el Gobierno”.Wilson Sandoval, del Centro de Asesoría Legal Anti Corrupción en El Salvador, también cree en desviar la atención de la ciudadanía."Ha puesto a El Salvador en la agenda de diversos medios de comunicación tanto nacionales como internacionales. Es lo que el Ejecutivo esperaba”, dijo. Según Sandoval, no hay un objetivo de mejoría económica.

Dinero ilícito.

El abogado de Alac-Funde aseguró que "El Salvador pasa a ser un país que ofrecería grandes facilidades en el tema de lavado de activos, narcotráfico, terrorismo”.La trazabilidad del bitcoin es sumamente baja respecto a las transacciones bancarias, aseguró, ya que no hay una autoridad que supervise las transacciones de bitcoin.Esto, afirma, puede convertir en El Salvador a convertir en el próximo paraíso fiscal de Latinoamérica.El escenario, según Michael Paarlberg, de la Universidad de Commonwealth Virginia, puede afectar tratados de comercio y otras relaciones económicas, ya que el FMI y el Departamento del Tesoro de EE.UU. han expresado inquietudes sobre el uso de las criptomonedas como medio de lavado de dinero. 

El dato

La Ley Bitcoin iniciará su vigencia el lunes 7 de septiembre, 90 días después de la publicación de la normativa en el Diario Oficial, el 9 de junio de 2021. 

Gafi emitió recomendaciones sobre nuevas tecnologías

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un ente intergubernamental para combatir el lavado de activos, tiene recomendaciones sobre el uso de dinero virtual y la regulación de los proveedores de estos servicios. 
    Los países, según el GAFI, deben emitir sanciones penales, civiles o administrativas para hacer frente a los proveedores de activos virtuales, sus directivos, que no cumplan los requisitos.