La FGR acusó este domingo en el Juzgado Especializado de Instrucción "A” a 30 imputados presentes y cuatro ausentes.
La red dedicada a la comercialización e intercambio de pornografía infantil a nivel internacional utilizaba la "deep web” -internet profundo- para sustraer información y luego enviarla a diferentes países, señaló ayer la Fiscalía General de la República (FGR) al presentar la acusación formal.El proceso se presentó en el Juzgado Especializado de Instrucción "A” contra 30 imputados presentes y cuatro ausentes. Esta estructura fue capturada en un amplio operativo denominado, "Ángel Guardián”, entre los que figura un policía, un enfermero del Ministerio de Salud, un exmilitar, un maestro y un payaso.Fiscalía solicitó a la jueza que abra un expediente judicial contra los imputados por los delitos de utilización de niños, niñas y adolescentes en pornografía a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación; asimismo por el delito de adquisición o posesión de material pornográfico de niños, niñas y adolescentes a través de las tecnologías de la información y comunicación, y por el delito de agrupaciones ilícitas.
Uso de internet.
Las autoridades aseguran que esta estructura operaba a nivel internacional y se abastecía de la "deep web”, donde se alojan búsquedas que no están disponibles en los navegadores y a cuyo uso recurren las redes de crimen organizado, comunicación no fácilmente rastreada."Hay diversas funciones dentro de la organización, unos que adquirían el material de la red oscura y posteriormente lo difundían, sí tenemos una persona que ha sido la que ha promovido, incluso, la que ha creado grupos para la difusión de este material pornográfico, y si contamos con un líder dentro de la organización por lo menos a nivel nacional”, señaló un fiscal.Según la Fiscalía, luego que adquirían el material de la red, lo distribuían a sus clientes a través de la plataforma WhatsApp en países como Pakistán, Vietnam, Indonesia, México, Guatemala, Ecuador, y El Salvador.La institución indicó que, en el caso de El Salvador, las autoridades han identificado al menos 81 abonados que recibían archivos en vídeos e imágenes en las que niños, niñas y adolescentes eran obligados a realizar actividades de índole sexual, aunque aún se desconoce el costo que pagaban.Según una de las fiscales, el caso aún se sigue investigando para establecer otros hechos como la procedencia y el estatus social de los niños que fueron víctimas de esta estructura.