Reformas para sacar a jueces, magistrados y fiscales mayores de 60

La Asamblea Legislativa reformó esta noche la Ley Orgánica de la Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) con el fin de ampliar las facultades a la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general de la República de realizar traslados y de depurar a los funcionarios judiciales de 60 años o más.Algunos de los jueces afectados en esta reforma son Jorge Alberto Guzmán Urquilla, juez de caso El Mozote, quien tiene 62 años; y Roberto Antonio Arévalo Ortuño, juez sexto de instrucción, quien tiene 66 años.La reforma agrega a la ley actual que los miembros de la carrera judicial "podrán ser trasladados sin que medie acuerdo del pleno de la Corte Suprema de Justicia", según el literal f del artículo 6.Dicho artículo es reformado para que la CSJ pueda "ordenar traslados por razones justificadas de conveniencia del servicio o por la necesidad en una determinada sede judicial, dada la complejidad y especialidad de los asuntos que ahí se traten".Como disposición transitoria, el decreto ordena que los "magistrados de cámara, jueces de primera instancia y jueces de paz" que a la vigencia del decreto "tuvieren la edad de 60 años o más cesarán inmediatamente en el ejercicio de sus funciones en la sede judicial en que se encontraren".La reforma faculta a la CSJ de hacer "traslados y nombramientos" que considere "necesarios e indispensables en las sedes que quedaren vacantes". 

Depuración de mayores de 60 y traslados en Fiscalía

Una reforma similar fue aprobada a la Ley Orgánica de la FGR, para que el fiscal general "por razones justificadas de conveniencia del servicio o por la complejidad y especialidad de los asuntos que se traten en una determinada unidad organizativa podrá ordenar mediante acuerdo el traslado temporal o permanente de los miembros de la carrera fiscal".La reforma le pone fin a la carrera fiscal cuando las personas cumplan 60 años, sin que la regla aplique al fiscal adjunto, al auditor fiscal y al secretario general. Ambas reformas fueron rechazas por organizaciones y por la oposición.Marjorie de Trigueros, directora de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), dijo que este es un segundo golpe contra la independencia judicial.