“La detención prolongada de Ruth López refleja una alarmante erosión del Estado de derecho en El Salvador”, señaló.
En un hilo publicado en X, la representante señaló que López Alfaro está bajo detención en un “régimen de incomunicación” y que parece que se están violando “los principios más básicos del debido proceso y la independencia judicial”.
Indicó que la detención sin orden judicial y el incumplimiento del plazo constitucional de 72 horas para presentar cargos es “detención arbitraria conforme al derecho internacional”, y señaló la reserva total del caso.
“Me alarma saber que el 6 de julio fue trasladada al penal de máxima seguridad de Izalco, nuevamente incomunicada y a pesar de una orden judicial que citaba preocupaciones médicas”, indicó.
La relatora señaló que es preocupante que el 21 de julio la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia “habría iniciado una revisión patrimonial de sus declaraciones de 2016”, “nueve años después de haberse presentado”.
“Parece ser una táctica para fabricar legitimidad administrativa a fin de sustentar cargos penales, lo cual podría constituir una violación del principio de legalidad”, reclamó.
La relatora manifestó el pasado 6 de junio su preocupación por la captura de la jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de la asociación Cristosal. En esa ocasión, manifestó que las normas internacionales exigen que los juicios sean públicos como garantía contra el abuso, la represalia y la instrumentalización del sistema judicial. “Seguiré de cerca este caso”, indicó.
López fue acusada formalmente el 2 de junio del delito de enriquecimiento ilícito, aunque las autoridades informaron en X que la acusarían del delito de peculado. Fue trasladada de la delegación de Tránsito a la granja penitenciaria de Izalco, en Sonsonate, el 4 de julio.