Rubén Zamora dice luchará legalmente para probar que acusaciones por el caso El Mozote son "mentiras"

Tras comparecer a la imputación de la acusación por el caso El Mozote, el exdiplomático y crítico del Gobierno, Rubén Zamora, aseguró que luchará legalmente para demostrar que las imputaciones son "mentiras". Zamora compareció ayer ante el Juzgado de Segunda Instancia de San Francisco Gotera, en Morazán, donde le fue notificado el delito de encubrimiento personal, por aprobar la Ley de Amnistía en favor de los principales imputados de la matanza conoidea como El Mozote, ocurrida en diciembre de 1981. "Vamos a continuar con la lucha legal para que se me aclare lo que hemos estado diciendo, que mi humilde persona ha sido acusada de cinco cosas que son cinco mentiras, por eso vine ahora y eso se tenía que hacer ante los juzgados", dijo afuera del juzgado de Gotera luego de que una jueza suplente le imputó los cargos. Su hija Marcela Zamora informó ayer en sus redes sociales que su padre se había ido a presentar al juzgado donde pidió estar pendiente de lo que sucedía, ya que hasta el 12 de marzo Rubén Zamora tenía una orden de captura. "Yo, como me considero defensor de la ley y especialmente de la Constitución, soy el que primero debo dar el ejemplo de que voy a cumplirla, me guste o no me guste, y la Constitución y la ley secundaria establece que tengo que venir a presentarme para que me digan que ya no me van a meter preso, eso es lo que hemos hecho ahora, por supuesto, me siento obligado a hacerlo", aseguró Rubén Zamora, quien fue notificado formalmente de los cargos. La defensa de Zamora confirmó a Diario El Mundo que Rubén Zamora deberá cumplir medidas sustitutivas a la detención, entre ellas, no podrá salir del país sin permiso judicial, no podrá acercarse a las víctimas o testigos, y deberá de firmar cada 15 días en un juzgado de San Salvador. "Me siento feliz de haber logrado este paso en un proceso que todavía no ha terminado, lo que tengo ahorita es excarcelación", agregó Zamora.

¿Cuándo inició el caso?

El caso inició el 22 de diciembre de 2023 cuando la jueza Mirtala Teresa Portillo de Cruz ordenó detenerlo de igual forma al expresidente Alfredo Cristiani y otros exdiputados de la junta directiva de la Asamblea de 1993, todos acusados de ayudar a los principales acusados de la masacre con la aprobación de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. Zamora es crítico de esta normativa aprobada en 1993 por permitir la amnistía absoluta, a diferencia de la Ley de Reconciliación Nacional que había sido emitida en 1992. El 31 de enero de 2023, la jueza revocó esa orden de captura y le dio el beneficio de excarcelación, aunque luego volvió a girar una segunda orden de captura a petición de la Fiscalía, ya que habían cambiado las condiciones por las que se le había dado el beneficio. Pero la jueza se volvió a retractarse el pasado 12 de marzo y revocó la orden de captura, supuestamente a petición de la Fiscalía, por razones desconocidas. El 1 de febrero, Rubén Zamora aseguró en conferencia de prensa que la orden de detención tenía como objetivo callarlo.