"Sabíamos que iba a suceder": Alabí aplaude exoneración del TEG por compra de caretas

El ministro de Salud, Francisco Alabí, celebró este jueves la resolución del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), que lo exoneró de un proceso sancionatorio por la compra de caretas protectoras a la empresa del expresidente del Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes), Jorge 'Koky' Aguilar, a través de un contrato firmado por el mismo titular de Salud.En la entrevista Diálogo con Ernesto López, de Megavisión, Alabí reaccionó a la decisión favorable del TEG, e indicó que ya conocía el resultado de la investigación porque "todo se ha hecho apegado a la ley". El Tribunal de Ética resolvió esta semana que no iniciaría un proceso para sancionar al ministro de Salud, a pesar que su firma estaba estampada en el contrato de compra directa a la empresa de Aguilar; una compra prohibida por la Ley de Administración y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), que estaba suspendida durante la emergencia por covid-19.El Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), interpuso la denuncia en el TEG el año pasado; sin embargo, esta fue rechazada por el Tribunal de Ética.

El caso.

El Ministerio de Salud efectuó en abril de 2020 la compra de máscaras faciales protectoras, por un monto de $250,000 a la empresa INSEMA, S.A. de C.V, propiedad del entonces presidente del Fonaes, en un proceso de contratación directa permitido por el Estado de Emergencia Nacional por la pandemia del covid-19. Al conocerse del contrato, el presidente de la República, Nayib Bukele, ordenó la destitución de Jorge Aguilar, pero mantuvo en el cargo al ministro de Salud.Según consta en la resolución final, la decisión de enviar el caso de Alabí al archivo se basó en que no se tenían suficientes elementos que probaran que el ministro tuviera conocimiento de infracciones a la Ley de Ética Gubernamental (LEG) y, por tanto, hubiera omitido denunciarlas.La resolución emitida el 16 de abril de 2021, dice que la investigación preliminar no revela "elementos objetivos” que robustezcan la denuncia de transgresiones al deber ético de denunciar ante el TEG o ante la Comisión de Ética Gubernamental las supuestas violaciones a la LEG, "de las que tuviere conocimiento en el ejercicio de su función pública”.