Saca hizo reglamento para generar un fraude: Fiscalía

Al comenzar los alegatos finales, ayer, la Fiscalía General de la República planteó al Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, que Elías Antonio Saca al asumir la Presidencia de la República, el 1 de junio de 2004, emitió un reglamento considerado como un fraude de ley que sirvió de instrumento para apropiarse de $300,347,117.17.El fiscal Mario Huezo, en su exposición sobre el delito de lavado de dinero, dijo a los jueces que el referido reglamento dictado por Saca no podía tener supremacía sobre la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, mejor conocida como Ley AFI, vigente desde 1996 y que entre otros aspectos obligaba a todos los empleados a guardar total discreción.El representante del Ministerio Público recalcó a los jueces que antes de la vigencia de esta ley sí existía la figura de la partida secreta como tal, pero que desapareció cuando se promulgó la Ley AFI, de ahí que el fraude de ley se evidencia con ese reglamento que tenía una finalidad maliciosa y antijurídica."Nosotros planteamos desde el principio que con ese reglamento que era para operativizar los supuestos gastos reservados o gastos secretos entre grandes comillas, ellos lo que estaban haciendo era un fraude de ley, es decir, buscar una norma de cobertura con la cual realizar una serie de conductas delictivas”, sostuvo Huezo.Al explicar la configuración de ese fraude de ley el fiscal dijo al tribunal, que Saca se amparó en el numeral 18 del artículo 168 de la Constitución que menciona una facultad para el presidente, la cual es mantener el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) con sus respectivos costos administrativos y para eso crearon el reglamento que se convirtió en la norma de cobertura y defraudar otras leyes.Según el Ministerio Público, Saca y sus colaboradores defraudaron la Constitución de la República en lo referente a que todo gasto que realice una institución pública, que se costee con fondos públicos lo haga con base en la Ley AFI, pero esta normativa exige que todo gasto se soporte con documentos que indique en que se invirtieron los fondos estatales, pero en este caso no hay nada que lo justifique ya que los imputados dicen que se hizo con base en el reglamento emitido por Saca el cual era de estricta secretividad.Además, dicho reglamento lesiona otras normas como el caso de la LACAP donde se establece que todo proceso de contratación y adquisición de bienes o servicios debe seguir al menos cuatro formas: Concurso público, licitación pública, libre gestión y contratación directa y que van a depender de los montos así como el tipo de servicio o bien que se va adquirir.La otra norma que se afectó es la Ley de la Corte de Cuentas de la República donde se establece que esta entidad debe fiscalizar la erogación de fondos públicos y que para eso debe proporcionarse todos los documentos justificativos y probatorios que la Ley AFI señala debe proporcionar la UIF de cada institución.