Sala da la razón a Bukele y declara inconstitucional $50 millones para alcaldías

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio la razón al presidente Nayib Bukele, y declaró inconstitucional la reorientación que hizo la Asamblea Legislativa de un préstamo de $50 millones para favorecer a las alcaldías.Se trata del decreto legislativo 800, un préstamo de $50 millones suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), titulado "Financiamiento parcial de medidas económicas compensatorias implementadas por la emergencia del covid19 en la República de El Salvador”, que fue aprobado el pasado 24 de diciembre de 2020 junto al Presupuesto General de la Nación 2021.El préstamo, suscrito por el Ministerio de Hacienda y el BCIE el 23 de julio de 2020, formaba parte del decreto legislativo 608, que contenía la autorización que dio la Asamblea Legislativa al Gobierno para adquirir $2,000 millones en deuda para combatir la pandemia de covid-19.No obstante, el Gobierno solicitó en noviembre que estos fondos pasaran a cubrir parte de la brecha del Presupuesto 2021, sin especificar el destino específico del gasto. La Asamblea ignoró esta petición y, un día antes de Navidad, cambió el destino del crédito para "proyectos de desarrollo municipal".Después del veto de Bukele a esta reorientación, la Sala aceptó la controversia y emitió una resolución favorable para el Ejecutivo, debido a "vicios de forma" en la aprobación del decreto. Entérese: Sala admite controversia Presidente-Asamblea sobre préstamo por $50 millones

¿Por qué es inconstitucional?

La noche del 24 de diciembre, durante la última plenaria del año, la Asamblea Legislativa aprobó $600 millones contenidos en cinco créditos que estuvieron retenidos durante la pandemia ─incluidos los $50 millones del BCIE─. Estos formaban parte de los $2,000 millones de deuda que autorizó la Asamblea al Gobierno para atender la emergencia.A petición del Ejecutivo, este dinero pasaría a cubrir parte de la brecha presupuestaria de 2021, pero no sucedió así: la Asamblea impuso destinos específicos y reorientaciones que luego fueron vetadas por el presidente, argumentando al menos cinco razones diferentes del por qué esta acción fue inconstitucional.Según Bukele, la Asamblea violó el principio de equilibrio presupuestario; cometió vicios de forma al llamar suplentes sin justificación ─que fueron necesarios para aprobar el decreto─; porque no reconsideró la decisión tras el veto; y además, violó el principio de deliberación parlamentaria.Sin embargo, la Sala sobreseyó todos los motivos, menos el último: la violación al principio de deliberación parlamentaria.