Sala suspende “provisionalmente” proceso penal contra textilera y pide aclarar acusación por evasión

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió este lunes un amparo presentado por la apoderada judicial de la sociedad Intratex de El Salvador S.A. de C.V., la abogada Georlene Marisol Rivera López, y ordenó suspender "inmediata y provisionalmente” el proceso penal iniciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta evasión de $5.3 millones en perjuicio del fisco en su declaración de Impuesto sobre la Renta de 2017.El caso, fue presentado ante la FGR por Rubén Ordoñez y Mario Menéndez, director general y subdirector de Impuestos Internos respectivamente, del Ministerio de Hacienda. Remitido al juzgado Sexto de Paz y Juzgados Sexto de Instrucción de San Salvador, el viernes pasado fue sobreseído por la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador el representante legal de Intratex, Manuel Ernesto Daura Mijango.En su resolución, la Sala ordena que el Juez Sexto de Instrucción de San Salvador suspenda el proceso; y que tanto la FGR como juez de instrucción "deberán informar sobre la fase actual y situación procesal del caso”.La institución aseguró que esta resolución "no constituye –en forma alguna– una obstaculización a la función de recaudación fiscal llevada a cabo por las autoridades demandadas”, ni la de interponer avisos ante la FGR, haciendo referencia a los funcionarios de Hacienda; y agregó que el objetivo es que se determine si los funcionarios, antes de presentar el aviso a la Fiscalía, "cumplieron o no previamente con el debido proceso legalmente establecido” para hacer efectivo el cobro del impuesto sobre la renta de los ejercicios impositivos 2017, 2018 y 2019. Manuel Ernesto Daura Mijango, representante de Intratex, fue sobreseído por la Cámara Tercera de lo Penal tras aceptar un recurso de apelación, luego de ser procesado por presunta evasión de $5.3 millones en perjuicio del fisco en su declaración de Impuesto sobre la Renta de 2017.El empresario rindió una fianza de $500,000 y le impusieron el uso de brazalete electrónico para que se conozca su paradero durante dure el proceso judicial, medidas que fueron anuladas por la Cámara tras aceptar un recurso de apelación.De acuerdo con la resolución de la Cámara, en el formulario de declaración de renta hubo "manejo de información inexacta”; la selección de la casilla "rentas no gravadas” habría provocado que el sistema no determinara la obligación de pago hacia el Estado de $5,336,293.33.