El comercio ilícito de vapeadores y tabaco se ha convertido en una de las actividades más rentables para el crimen organizado en México, con al menos siete cárteles disputando este mercado, reveló un informe titulado “Humo, vapeo y poder: el nuevo negocio del crimen organizado”, presentado por organizaciones civiles y el periodista especializado Óscar Balderas.

La investigación, elaborada por Defensorxs, México Evalúa, Causa Común y el Colegio de México, señala que estas economías ilegales se encuentran en “expansión acelerada”, y representan una “caja chica estratégica” que financia logística criminal, armas y enfrentamientos armados en por lo menos 16 entidades federativas de alto riesgo.

De acuerdo con el informe, los grupos que han encontrado en estos productos una nueva vía de ingresos incluyen al Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Nueva Familia Michoacana, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, Cárteles Unidos y La Unión Tepito.

“El mercado ilícito de vapeadores y tabaco financia operaciones criminales de forma cotidiana. Su impacto es directo: armas, reclutamiento de menores, extorsión y control territorial”, advirtió Balderas.

La falta de una regulación efectiva y la prohibición actual del uso y comercialización de vapeadores en México han dejado un vacío que el crimen organizado ha llenado con rapidez. Los cárteles importan estos productos, principalmente desde Asia, los reempaquetan localmente y los venden a través de redes digitales, mercados informales y hasta en escuelas, con participación de menores.

Organizaciones como Defensorxs también documentaron la existencia de bodegas clandestinas, fábricas pirata, empresas fachada utilizadas para lavado de dinero y ventas digitales difíciles de rastrear.

En la Ciudad de México, La Unión Tepito ha consolidado su control mediante vínculos directos con proveedores asiáticos, mientras que facciones del Cártel de Sinaloa —relacionadas con los ‘Chapitos’— dominan la distribución nacional.

El Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo también han migrado parte de sus operaciones hacia este negocio, con este último presuntamente sustituyendo rutas de fentanilo por tabaco y vapeadores para mantener sus corredores hacia Texas activos, según el documento.

En paralelo, el tabaco ilícito representa ya el 20 % del consumo nacional, generando entre 15.000 y 20.000 millones de pesos anuales (hasta 1.088 millones de dólares). Este mercado opera a través de contrabando, robo de carga, fábricas ilegales y mezcla de mercancía legal e ilegal en la cadena de distribución.

El CJNG, por ejemplo, produce tabaco ilegal en plantas ubicadas en el Estado de México, Morelos y Jalisco, mientras explora cultivos transgénicos. La Nueva Familia Michoacana, por su parte, utiliza este negocio para ejercer control social en regiones como Tierra Caliente.

Ante este panorama, los especialistas coincidieron en que México necesita una regulación clara, trazabilidad efectiva y supervisión aduanera, así como una estrategia integral para evitar que estos mercados sigan fortaleciendo al crimen organizado.