S&P mantiene calificación de deuda de El Salvador a la espera de un ajuste fiscal
La agencia espera que la nueva Asamblea Legislativa apruebe medidas para corregir las debilidades fiscales, así como un acuerdo con el FMI.
La agencia S&P Global Ratings confirmó ayer la calificación en "B-” de la deuda de El Salvador, con perspectiva estable, antes las expectativas de que la nueva Asamblea Legislativa apruebe medidas para corregir las debilidades fiscales.
S&P Global Ratings confirmó la calificación soberana de largo plazo en "B-” y de "B” para corto plazo. En perspectiva estable, es decir, que no es proclive a cambiar en los próximos meses.
En la escala de la agencia, en el grupo de las "B” se encuentran las calificaciones soberanas que son altamente especulativas. Esto significa que el país es vulnerable a un incumplimiento de pago, pero el emisor tiene capacidad para honrar sus compromisos financieros si no se presentan condiciones adversas.
En un comunicado emitido ayer, la calificadora indicó que la perspectiva estable se basa en "nuestra expectativa de que El Salvador continúe recibiendo importante apoyo externo en 2021” para hacer frente a sus compromisos en los próximos 12 y 18 meses ante una situación fiscal deteriorada.
La agencia advierte que el refinanciamiento de la deuda interna será un desafío en el corto plazo, aunque no se tienen vencimientos de bonos hasta 2023. |
"Esperamos que el Gobierno logre un progreso gradual en la implementación de sus planes para impulsar el crecimiento económico y fortalecer sus finanzas públicas en el largo plazo”, señaló la agencia, quien también advirtió que espera que la economía salvadoreña regrese a los niveles previos a la pandemia hasta 2023.
Medidas fiscales
Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) inició esta semana una revisión al Artículo IV con El Salvador y las negociaciones, a solicitud del Gobierno central, para establecer un acuerdo por $1,300 millones en la figura de Facilidad de Servicio Ampliado (SAF).
Sumó que "una mayoría cualificada en el nuevo Congreso debería apoyar una rápida aprobación de un programa del FMI y cualquier reforma asociada”.
El Salvador alcanzó su mayor déficit fiscal en 2020 debido al incremento en el gasto para enfrentar la pandemia del covid-19 en hasta 10 % del Producto Interno Bruto (PIB) y seguirá en 2021 bajo presión por el orden del 6 %.
Por su lado, la deuda pública rondará el 89 % del Producto Interno Bruto y seguirá aumentando en los próximos años hasta superar el 93 % en 2024, según cálculos de la agencia.
Débil institucionalidad
S&P Global Ratings señaló que las calificaciones soberanas para El Salvador reflejan las debilidades institucionales que se han manifestado en episodios de inestabilidad política por las deficiencias en los contrapesos, los bajos ingresos y una tendencia de crecimiento económico moderada.
Esa polarización ha llevado a la "formulación de políticas a veces inadecuadas” reflejada en una fuerte dependencia del Gobierno de la deuda interna de corto plazo y que representa un "riesgo de refinanciamiento latente”.
La calificadora también reconoció que los resultados electorales favorecerán a la gobernabilidad del presidente Nayib Bukele en cuanto a la aprobación de reformas, presupuestos, nuevos préstamos y nombramientos clave como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
"Sin embargo, una mayor concentración de la formulación de políticas en manos del presidente (Bukele) podría afectar los ya débiles pesos y contrapesos entre las instituciones públicas del país”, advirtió.
La calificadora también reconoció que la administración Bukele ha logrado reducir los trámites y agilizar los procesos para estimular la inversión privada.
Tres datos que destaca la agencia
- FLEXIBILIDAD: Advierte que la limitada flexibilidad fiscal seguirá afectada por la calidad crediticia, en particular un contexto restringido en el dólar.
- REZAGOS: Considera que los significativos rezagos en servicios básicos e infraestructura restringen la capacidad para recortar el gasto público.
- LOGROS: La administración Bukele ha avanzado en la reducción de la burocracia y las onerosas regulaciones para facilitar la inversión.