El régimen talibán cerró 2025 sin dar señales de retroceso en su política de persecución contra las mujeres en Afganistán, según denunció la Misión de Naciones Unidas en el país (UNAMA) en su más reciente informe sobre derechos humanos, centrado en el último trimestre del año pasado.
De acuerdo con el documento, al 31 de diciembre se cumplieron 115 días desde que la última mujer afgana ingresó a una instalación de la ONU. El personal femenino local continúa trabajando desde casa o bajo modalidades alternativas, mientras que las restricciones educativas se mantienen vigentes.
Las mujeres y niñas tienen prohibido acceder a la educación superior desde el 20 de diciembre de 2022 y a los institutos de medicina desde el 2 de diciembre de 2024, una medida que la ONU considera un golpe directo al futuro profesional y sanitario del país.
El informe también detalla el endurecimiento del código de vestimenta. A inicios de noviembre, en la ciudad de Herat, inspectores del Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio comenzaron a exigir el uso obligatorio del burka en espacios públicos.
Las mujeres que no cumplían con esta norma fueron excluidas del acceso a hospitales, centros de salud, oficinas gubernamentales y salones de bodas. Aunque esta exigencia fue flexibilizada posteriormente, los talibanes continúan imponiendo el uso del chador en público.
La UNAMA señala que las autoridades “impiden que quienes no lo lleven utilicen el transporte público y acudan a clínicas, hospitales, oficinas gubernamentales y otros lugares públicos”.
Violencia de género y castigos corporales
El organismo de Naciones Unidas documentó numerosos casos de violencia de género, incluidos matrimonios forzados, pese a que el propio régimen emitió en diciembre de 2021 un decreto que prohíbe este tipo de uniones.
En uno de los casos citados, un tribunal ordenó el arresto de una menor que se negó a contraer matrimonio forzado, quien permanece detenida en una prisión provincial.
Además, la ONU denunció que los talibanes continúan aplicando castigos corporales públicos “por orden judicial” de forma semanal. Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, la Oficina de Derechos Humanos de la UNAMA documentó castigos contra al menos 287 personas, incluidas 30 mujeres, que fueron azotadas en público.
En respuesta al informe, el portavoz del Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, Saiful Salam Jáiber, declaró a la cadena TOLO que rechaza “algunas partes” del documento, al considerar que “distan mucho de la realidad y contradice la realidad del país”.