En una tribuna organizada por Efe en Casa América, en Madrid, España, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, aseveró que el régimen de excepción instaurado en territorio salvadoreño desde el 27 de marzo de 2022 “jamás ha afectado una sola libertad pública”.

Ulloa manifestó que “hay una tergiversación de muchos medios” sobre el concepto del régimen de excepción.

“El régimen de excepción, jamás, desde que se decretó, el 27 de marzo de 2022, ha afectado una sola libertad pública, ni una sola, fue decretado para limitar garantías constitucionales, solo se afectan dos”, argumentó el miércoles.

Ulloa insistió en que solo dos garantías están suspendidas en El Salvador: el máximo de detención administrativa de 72 horas, que se extiende a 15 días, y la privacidad de las telecomunicaciones o la correspondencia.

Explicó que necesitan suspender el máximo de detención para “recolectar las evidencias” ya que en el pasado se liberaban los pandilleros en tres días; y que necesitan suspender el derecho a la privacidad de la correspondencia para revisar los teléfonos de los sospechosos de ser pandilleros o miembros de estructuras criminales.

“Lo primero que hace la Policía cuando captura a un sospechoso de una estructura criminal, empieza a revisar quién lo llama, qué hace, todo, los contactos que tiene”, dijo, en la rueda de prensa celebrada en España.

La más reciente prórroga del régimen de excepción, la 47ª, suspendió tres disposiciones constitucionales: el inciso segundo del artículo 12, que establece que la persona detenida debe ser informada de manera inmediata de sus derechos y las razones de su detención; y que se garantiza al detenido la asistencia de defensor; el inciso segundo del artículo 13, que establece que la detención administrativa no excederá de 72 horas dentro de las cuales deberá consignarse el detenido ante el juez; y el artículo 24, que establece que la correspondencia de toda clase es inviolable y que interceptada no podrá figurar en ninguna actuación.

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Ulloa también aseveró que la suspensión de estas garantías no es de aplicación general a toda la sociedad sino solo a personas acusadas de pertenecer a pandillas o estructuras criminales.

“Y no son para toda la sociedad, no es para toda la gente, es para los que están vinculados a estructuras criminales; si a una persona tiene un accidente o comete un delito le aplica el derecho común”, fueron sus palabras.

En la práctica, algunos abogados aseguran que el plazo de máximo de 15 días para presentar las acusaciones fiscales también es aplicado a casos no vinculados a pandillas. Por ejemplo, la Fiscalía presentó la acusación contra la abogada Ruth López el 4 de junio, 17 días después de que fuera capturada, el 18 de mayo de 2025. También, el abogado fue acusado formalmente el 21 de junio, luego de ser capturado el 7 de junio, 14 días después. También, personas procesadas por delitos como conducción peligrosa han sido acusados formalmente ante un juez hasta 15 días después de capturadas.