Unos 42 pandilleros serán enjuiciados por 26 casos de extorsión en Cuscatlán

El Juzgado Especializado de Instrucción "C” resolvió que 42 pandilleros de una estructura del barrio 18, que operaba en Cuscatlán, vaya a juicio por 26 casos de extorsión, en los que las víctimas con régimen de protección, debían de pagar entre $70 y $500 para no ser asesinados, ellos o sus familiares. Además de las extorsiones, la estructura deberá responder por 20 casos de proposiciones y conspiraciones para cometer homicidio, cinco casos de tráfico ilícito de droga, tenencia ilegal de arma de fuego, robo agravado y arma de guerra, además un homicidio agravado en perjuicio del hijo de uno de los miembros de la pandilla por conflictos internos.Otros 14 imputados en su condición de colaboradores, a quienes no se ligan en ningún otro ilícito más que agrupaciones ilícitas y tras confesar su vinculación con la pandilla, fueron sometidos a un procedimiento abreviado, a quienes la jueza los condenó a tres años de prisión, pena que les fue reemplazada por trabajo de utilidad pública.El caso a cargo de la Unidad Especializada en Extorsiones y Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República parte de una investigación que inició el 17 de enero y terminó con sus capturas el 25 de noviembre de 2020; en ese lapso, las autoridades le siguieron los pasos a los integrantes de la pandilla 18 sureños que opera en diferentes municipios de Cuscatlán: entre estos Cojutepeque, Santa Cruz Michapa, Tenancingo, Ilobasco, San Martín, entre otros.La fiscal del caso afirmó que la investigación de los hechos, que se atribuye a los imputados, se sustenta en gran medida en la herramienta de la intervención telefónica, la que permite su ubicación tanto en los hechos delictivos como en sus canchas o territorio.La fiscal afirmó que mediante las escuchas telefónicas, se determinó cómo "el palabrero” o cabecilla de la pandilla 18 sureños de Cuscatlán, realizaba las llamadas para extorsionar a las víctimas, las amenaza de muerte y coordinaba con el resto de pandilleros; la recolección del pago que los ofendidos harían posteriormente. Los montos que estos sujetos exigían a sus víctimas eran diversos como $70, $300, $150 y más de $500, según fuera la categoría de su presa.