“Ven el tema de atención a víctimas como caridad, no como estrategia”

Un incuplimiento "tibio” es lo que el Estado salvadoreño ha hecho respecto al reconocimiento y protección de las víctimas de desplazamiento forzado. Cree que es un tema clave que los candidatos y futuros gobernantes deben tomar en cuenta, no como un tema de segundo plano, sino como una estrategia para ganar confianza de la población en las institiciones, como la Policía Nacional Civil (PNC). Agrega que una muestra para entender que las medidas extraordinarias de seguridad, ahora medidas permanentes de la Ley Penitenciaria, no han funcionado es que las víctimas de desplazamiento forzado siguen huyendo porque se sienten desamparadas por el Estado. ¿Qué lectura hace del incumplimiento de la Sala de lo Constitucional sobre el desplazamiento forzado?Es duro de hablar de un incumplimiento absoluto, yo creo que en los seis meses han sucedido cosas importantes, uno es que el debate sobre el término más o menos acabó, incluso el ministro de Justicia ya maneja el término desplazamiento y esto levanta los marcos institucionales de responsabilidad y acción, eso es algo positivo.Hay que verlo matizado, no es un incumplimiento absoluto, yo diría que es un incumplimiento tibio y hay dos riesgos importantes en eso, uno que sí se aprobó un reconocimiento más general, es también un reconocimiento que minimiza el tema: "¡Ah sí!, pero no tan importante”, se sigue con ese discurso y, por no ser un tema "tan importante”, todavía no figura en el presupuesto de la nación, que es obligación que dicta la Sala.Las rutas de atención que se han desarrollado se caracterizan por ser rutas de referencia, lo cual el Estado está viendo el tema de atención a víctimas como algo que tiene que articular y mandar hacia las organizaciones de la sociedad civil, entonces, esto no constituye una política porque depende de la cooperación; es decir, si hay un programa, una capacidad en el país de responder a las víctimas, depende de que una organización gestione fondos y, si no gestiona fondos, en el país no hay una ruta de respuesta de atención a víctimas, entonces, no podemos decir que eso constituye una política estatal que depende de otros y de su capacidad de recaudación de fondos, lo cual, nos vuelve al tema del presupuesto.La sentencia reta el dogma de la seguridad pública, ese dogma que siempre ha priorizado el financiamiento de políticas, de acciones represivas y manoduristas, entonces, en seis meses esperar un cambio de dogma, de cultura, que tiene incluso raíces un poco históricas, en los tiempos de dictaduras, es esperar mucho, pero sí perdimos oportunidades con el presupuesto general de la nación (que) no retoma, como debería; la ley especial que presentamos no se aprobó pero está pendiente todavía y no se movió como tema de debate a nivel nacional. Las organizaciones y la sociedad civil se ha tomado en serio la atención a víctimas, pero pareciera que se sigue descuidando, ¿el Estado se sigue negando a esa responsabilidad?Sí, yo creo que ven el tema de atención a víctimas como un tema humanitario, así como de caridad, de segunda categoría no un tema estratégico. Nuestra posición siempre ha sido que la atención a víctimas es un eje integral de una política de seguridad porque genera confianza con la población para que colabore con la justicia, colabore con la PNC, pero lo que tenemos ahorita es una dinámica de desconfianza, cuando analizamos casos de desplazamientos hay dos decisiones grandes. Uno es que la gente todavía cree que los grupos criminales tienen la voluntad y la capacidad de cumplir con amenazas; segundo, la población y el Estado no tienen la capacidad de responder y proteger sus necesidades en calidad de víctima o colaborando con la justicia, se ven obligados a tomar medidas propias, irregular y clandestinas para buscar la protección, eso es donde se genera desplazamiento.En la encuesta del IUDOP decían que el enfoque de seguridad ha cambiado y que hay más respeto a los derechos humanos, ¿usted cree eso?Yo creo que no era exactamente así el planteamiento, sino que hay un sector importante de la población que todavía apoya una política de seguridad con enfoque de derechos humanos y planteamos que esa es una señal de esperanza, que a pesar de décadas promoviendo el manodurismo, de que todavía hay un importante sector de la población que todavía aspira a importantes compromisos de los Acuerdos de Paz, a una sociedad regida por principios de derechos humanos, por el Estado de Derecho y no se ha optado por ese dogma que dice que la única respuesta a la violencia en el país es el manodurismo; y eso es importante en la campaña electoral, porque también hay un supuesto importante de que no es políticamente viable apostar por una política de seguridad integral, respetuoso de derechos humanos, porque te van a decir que sos amigo o (estás) favoreciendo a criminales pero, si hay una población importante que apoyaría una política integral con enfoque de derechos, significa que es viable hacer cambios importantes. ¿Qué se puede hacer con ese sector que todavía piensa que la única manera de seguridad es la represión? Convencerlos pero ¿qué nos dice la realidad? Ya ha habido dos décadas experimentando con enfoques manoduristas y 75 % de la población dice que no ha dado abasto para recuperar el control territorial. Un 50 % no se siente más seguro con la presencia de la PNC, entonces te da un indicador importante para ir con el cambio de enfoque de la política de seguridad, es un momento que los liderazgos políticos reconcen que en la población casi hay una mayoría de gente que cree que hay que cambiar esto. Y estos liderazgos en lugar de solo vender manodurismo, poder vender también principios de derechos humanos. ¿Cómo hacemos entender a los futuros gobernantes que el trabajo de promover y una estrategia de derechos humanos ayuda a consolidar confianza en las instituciones?A veces la razón que te dan por lo cual no podemos crear programas de víctimas es que no hay presupuesto o es demasiado crear otra institucionalidad para atender víctimas, cuando presentamos los casos a la Sala demuestran o ponen en evidencia que no se trata de que nos hace falta instituciones, hace falta que las instituciones tengan capacidad de responder y defender a las víctimas, entonces, el trabajo es entrar a ver de qué manera la Fiscalía, la PNC, las instituciones con mandato sociales atiendan a víctimas de violencia y desplazamiento y como identificar discriminaciones estructurales dentro de las instituciones e irlos reformando. El sector de justicia ve a la víctima de manera transaccional. Me ayudás en un proceso penal y tal vez te dé algo, esa actitud hacia la víctima genera desconfianza; la reforma que hay que hacer para que el estado de cosas insconstitucionales pues deje de existir no es crear una nueva institución de víctimas, es garantizar que las instituciones existentes tengan la capacidad de responder y dejen de discriminar.La encuesta sobre medidas extraordinarias dice que el 75 % cree poco o nada han hecho las medidas de seguridad respecto a la situación de violencia, cuando el gobierno lo vendió como un proyecto salvador, dejando a un lado el plan El Salvador Seguro. Se ha querido señalar reducciones en homicidios y otros delitos para decir que la política está funcionando, creo que una de las razones por las que el tema desplazamiento es tan incómodo es que si la gente no se siente segura, si creen que los grupos tienen esa capacidad y voluntad de cumplir con esa amenaza y por otro lado el Estado sigue sin capacidad de proteger siguen desplazando, el desplazamiento en sí es evidencia que la población todavía no acepta la conclusión que la política actual no ha funcionado y creen que si alguien me amenaza o comete un delito contra mí y mi familia estoy desamparado y yo creo que esa es la explicación. ¿Y ustedes han hecho alguna evaluación o han visitado cárceles para ver la situación en que están ahorita los reos que se mantienen con medidas? Una frase que escuchamos de un custodio en Zacatecoluca creo que nos ayuda un poco a ilustrar cuál es la contradicción y dijo que las medidas estaban diseñadas para golpear a la pandilla donde más duele, y eso tenía que ver con su vínculo con la familia. Y el punto aquí, la razón por la que las políticas violatorias de derechos humanos no funcionan para construir la paz es porque cuando golpeas a alguien donde más le duele tarde o temprano te van a golpear donde más te duele; genera un ciclo de violencia, lo cual lo vemos reproducido en los asesinatos y ataques y atentados contra policías y militares. PerfilDesde el 2010 es el director ejecutivo de Cristosal, una fundación dedicada a la protección de derechos humanos. En 2007 había sido director del programa de desarrollo comunitario de la misma entidad.Llegó al país en 2005, luego de graduarse en Estudios de la paz y conflictos en la universidad de Montana. Ha trabajado en el desarrollo comunitario y parroquial, proyectos de agricultura sostenible, defensa de los derechos humanos y programas de salud con la Iglesia Episcopal.