Vence plazo para legislar sobre desplazamiento forzado

Seis meses han pasado desde que la Sala de lo Constitucional ordenó reconocer el desplazamiento forzado, crear una normativa para ello y proteger a las víctimas de este fenómeno que ha obligado a familias enteras a dejar sus lugares de orígen y buscar refugio sin ser encontrados por sus victimarios.La orden de la ley fue expresa para la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE) y el plazo señalado venció ayer.El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública preparó un anteproyecto de ley de atención a víctimas que aún no ha sido presentado a la Asamblea Legislativa; según Fátima Ortiz, directora de atención a víctimas de esa cartera de Estado, aún esperan la aprobación de la Presidencia de la República.El 23 de agosto del 2018, Cristosal, una organización para la defensa de los derechos humanos, presentó una iniciativa de ley a la Asamblea Legislativa que buscan prevenir y proteger, específicamente, a las víctimas del desplazamiento forzado por violencia.Desde entonces, la iniciativa ha pasado a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, sin embargo esta no ha iniciado su estudio. El diputado de ARENA, Ricardo Velásquez, señaló que han pedido opinión sobre el anteproyecto a la UTE, y aún no ha respondido.Sobre la iniciativa de Cristosal, el Ministerio de Justicia señaló que "No es una ley que cumple todas las características de integralidad, porque solamente se enmarca para la atención de las víctimas, es decir, no llega a abordar reformas a los tipos penales, no logra llegar a recuperación de territorio, medición del desplazamiento y también creemos que El Salvador necesita una Ley General de Atención a Víctimas, donde se privilegia al desplazamiento forzado, pero pueda abarcar al resto de tipos de víctimas, porque es una de las manifestaciones de violencia y de criminalidad que pueden ser abordados por otros programas que se tienen”, explicó Ortiz.El diputado Velásquez aceptó que la Asamblea Legislativa ha incumplido con el plazo que dio la Sala de lo Constitucional.Pero no todo ha sido faltas a las órdenes de la Sala, según Abraham Ábrego, director de acompañamiento a víctimas de Cristosal, sino que, hay avances pequeños como el diseño del protocolo de atención a víctimas que ya recoge el reconocimiento del fenómeno, así como la creación de una mesa técnica en la UTE.Diario El Mundo preguntó a la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, cuál es el trabajo que han hecho en el cumplimiento de la sentencia, pero hasta el cierre de esta nota, no hubo respuesta."El problema ha sido que todavía falta concretar la voluntad política del gobierno en el sentido de que todavía faltaría que presenten esa propuesta de ley a la Asamblea Legislativa”, resaltó Ábrego. Víctimas sin presupuestoUn apartado de la sentencia, ordenaba al presidente de la República a incluir en el Presupuesto General de la Nación, una partida especial para las víctimas de desplazamiento forzado por violencia, sin embargo Ábrego lamenta que esto no ocurrió en el presupuesto para el año fiscal 2019."Nosotros a raíz que la propuesta del presupuesto no lo incluía presentamos una iniciativa a la comisión de hacienda para que lo revisara y lo incluyera, sin embargo al final del año, entendemos que no se cambió”, dice Ábrego.El presupuesto de la nación aprobado el 21 de diciembre del 2018 avaló $426,643, 612 (incluyendo préstamos y donaciones) para el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública; de estos $296,100 le corresponde a la dirección de atención a víctimas y testigos.El director de acompañamiento de víctimas de Cristosal agregó que pedirán a la nueva Sala una audiencia de seguimiento."Es una sentencia de la Sala de lo Constitucional que debe cumplirse y que ya se pasó el plazo y entonces es necesario cada una (de las instituciones) informe sobre qué ha hecho en este período y con esa información evaluar las acciones siguientes” dijo.Si aún así, el Estado no acata la sentencia, Ábrego no descartó recurrir a una instancia internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Más avancesSegún la directora de atención a víctimas del Ministerio de Justicia, Fátima Ortiz, otro avance que han tenido es la instalación de un albergue especializado para las víctimas de desplazamiento y que esperan tenga 400 espacios.El eje cuatro del Plan El Salvador Seguro recoge en la acción cinco, la habilitación de centros de acogida, albergues y casas de protección para víctimas y testigos, con una meta de 4,000 cupos disponibles.También señala que desde el año pasado ya llevan un registro de las víctimas de este fenómeno de la violencia y que ya se ha incorporado a los protocolos de las Oficinas Locales de Atención a la Violancia (OLAV); además han capacitado "a nivel técnico” al personal.Según Cristosal, quien atiende directamente a afectados del fenómeno, en 2018 hubo un aumento del 53 % de víctimas del caso; sin embargo, luego de una reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) estimó que más de 235,000 personas en el país habían sido víctimas del desplazamiento, solo en 2018.Principalemente son las pandillas las mayores causantes, que las familias dejen sus hogares por temor.