La nueva administración busca integrar el puerto en un plan de plataformas portuarias. / DEM
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estudiará la posibilidad de desarrollar un astillero o crear negocios enfocados en turismo y pesca en el puerto de La Unión, inactivo desde 2009.
La agencia de Naciones Unidas realizará estos estudios en el marco de un acuerdo estratégico firmado ayer entre el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, y la representante residente del PNUD, Georgiana Braga-Orillard.
Los estudios de factibilidad se enfocarán en la creación y funcionamiento de un negocio para producción de pesca y acuícola, así como en turismo y el desarrollo de un astillero. CEPA invierte $250,000 en estas investigaciones y destina otros $120,000 para la ejecución de un plan de formación de personal, a cargo del PNUD.
CEPA aseguró que este acuerdo se suman al esfuerzo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), de revisar los estudios existentes del puerto de La Unión y evaluar en conjunto las oportunidades para reactivar la terminal.
El puerto de La Unión está inactivo desde diciembre de 2009, un proyecto de $180 millones que se financió con $101.3 millones a través de un préstamo con el JICA. Desde su inauguración no ha sido capaz de atraer suficiente carga marítima y en 2013 dejó de movilizar contenedores, pese a haber sido diseñado para atender este tipo de cargamentos.
El gobierno anterior realizó dos intentos de poner en operaciones la terminal. El primero ocurrió en 2015, pero CEPA declaró desierta la licitación luego que ninguna de las cuatro empresas precalificadas presentara ofertas económicas.
El último intento ocurrió en 2018, la autónoma lanzó en agosto del año pasado un proceso de consultas con empresas para presentar una nueva licitación internacional. Sin embargo, el proceso no avanzó por varios señalamientos de falta de transparencia.
CEPA elaboró las bases de licitación y JICA no entregó la no objeción para lanzar el concurso bajo el argumento que el Gobierno debía garantizar que la terminal no se utilizara para fines militares.
