El acuerdo que el Gobierno salvadoreño pretende firmar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es parte del ajuste fiscal plasmado en la Ley de Responsabilidad Fiscal aprobada en noviembre de 2016.

En septiembre pasado, el Gobierno estuvo en riesgo de caer en impago por no honrar los intereses de los Certificados de Inversión Previsional (CIP), pues no obtuvo $71.5 millones que el Ministerio de Hacienda solicitó al parlamento salvadoreño.

Tras intensas discusiones, el 10 de noviembre de 2016, el Gobierno del FMLN y el partido ARENA firmaron un acuerdo de sostenibilidad fiscal, el cual le dio paso a la Ley de Responsabilidad Fiscal y la autorización al Ejecutivo para emitir $550 millones en títulos valores.

En diciembre, Roberto Lorenzana, secretario Técnico y de Planificación de la Presidencia, manifestó que el Gobierno aspira a un acuerdo que incluya un fondo precautorio, que es un instrumento de crédito que el FMI pone a disposición de los Gobiernos ante una posible falta de liquidez.