Por orden de la Sala de lo Constitucional, que estableció como plazo máximo el 31 de mayo de 2018, la Asamblea Legislativa aprobó ese día la Ley Especial para la Regulación e Instalación de Salas Cunas para los Hijos de los Trabajadores. La normativa se basa en el artículo 42, inciso 2, de la Constitución de la República, que establece la obligación de los patronos de instalar y mantener salas cunas, así como lugares de custodia para los hijos de sus empleados.
Para Jaime Solís, socio de la firma especialista en derecho laboral BDS Asesores, la ley honra una deuda histórica con los trabajadores y aseguró que beneficiará a los patronos, pues contar con espacios adecuados para el cuido de infantes “será una oportunidad que impactará de manera positiva en la productividad de los empleados e incentivará a más personas para acceder a un empleo”.
Si una empresa o entidad pública tiene 100 o más empleados permanentes o temporales estará obligada a brindar este beneficio, que cubrirá a los niños de entre 0 y 3 años de edad. La legislación contempla tres opciones: instalar una sala cuna propia, asociarse con otra empresa para tener cunas comunes o contratar servicios independientes.
Tal como quedó redactada la ley, los patronos sufragarán los costos de instalación, mantenimiento y contrato del personal especializado. Sin embargo, los gastos de construcción y equipamiento serán deducibles del impuesto sobre la renta.
ANEP: no resuelve el problema de las mayorías
Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), celebró la aprobación de ley, pero señaló quedeja en desventaja a los trabajadores del sector informal, pues, aseguró, el segmento formal cumple las leyes aunque solo representa el 27 % de la actividad económica. “Por lo tanto, no resuelve el problema de la gran mayoría de los trabajadores del sector informal”, agregó.
El empresario aseguró que “no es una ley que se aprueba sin que tengamos que hacer un alto grado de sacrifico de los empresarios”. El líder de la gremial prevé un incremento en los costos de operación de las empresas, que rondaría entre $50 y $200 mensuales por cada niño.
Por su parte, Carmen Aída Muñoz, directora ejecutiva de la Cámara Americana de Comercio (AmCham), señaló que la ley “no es un tema que deba considerarse como factible u oportuna”, sino como “un mandato constitucional que debió haberse regulado desde hace mucho tiempo a través de una normativa”.
La vocera de la gremial consideró prematuro calcular el impacto económico por la instalación de las salas cunas e indicó que los costos dependerán del número de personas empleadas que recurran a este beneficio.
Al consultar sobre este tema al resto de gremiales, tanto la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), como la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (Camtex) indicaron a la ANEP como vocero oficial.
